Corrupción estatal argentina La cuenta suiza de Nicolás Eduardo Becerra, procurador general de la nación

Corrupción estatal argentina
La cuenta suiza de Nicolás Eduardo Becerra, procurador general de la nación



agosto de 2002



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Nicolás Becerra
Foto Org. de abogados argentina.

En estos momentos cuando el escandalo judicial sobre la cuenta bancaria en Suiza no declarada por el ex-presidente Carlos Menem alcanza ribetes espectaculares en la prensa y los tribunales, vale la pena no olvidar la cuenta bancaria tampoco declarada en el «Credit Suisse» de Zurich de Nicolás Becerra, Procurador General de la Nación, abierta con el seudonimo de «Naranja», administrada por el funcionario de ese banco, Hans Peter Winkler, como figura en la página 137 de la segunda edición de La delgada línea blanca, libro periodístico publicado en Argentina por Ediciones B en junio de 2001, cuyos autores son Juan Gasparini y Rodrigo de Castro. Cabe aclarar que esta cuenta no se encontraba en la primera edición del mencionado libro, aparecida en diciembre de 2000.

Su existencia ha sido evocada abundantemente en la prensa de Argentina, Suiza y España, provocando incluso diligencias penales en la justicia federal de Buenos Aires, tramites que sin embargo quedaron truncos por la intervención del juez federal de Buenos Aires, Juan José Galeano, quien rechazó el pedido de investigar esa cuenta solicitando el levantamiento del secreto bancario a Suiza, como le pidieran los fiscales federales Carlos Rivolo y Claudio Navas, según reflejara el cable de la agencia francesa AFP, emitido desde su oficina en Buenos Aires el 21 de junio de 2001, firmado por la periodista Liliana Samuel.

Pocos dias antes la cuenta de Nicolás Becerra en el «Credit Suisse» de Zurich fue anticipada por el diario argentino Rio Negro del 21 de mayo de 2001 y por la revista 3 puntos de Buenos Aires, en la página 24 del número 204 del 24 de mayo de 2001. Para esas fechas, el periodista Juan Gasparini elevó personalmente una denuncia escrita sobre Nicolás Becerra y su cuenta en Suiza ante la Comisión Especial Investigadora de Delitos Vinculados al Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados de la Nación, en testimonios debidamente registrados por esa Comisión los días 29 de mayo de 2001 y 13 de junio de 2001. La segunda edición de La delgada línea blanca acababa de ser presentada por Juan Gasparini en Buenos Aires el 12 de junio de 2001 a las 19 horas en la libreria Cuspide del Village Recoleta, de Vicente Lopez 2050 de la Capital Federal de Argentina, ante una concurrencia de conocidas personalidades, entre ellas las del abogado Juan Carlos Iglesias y el diputado Gustavo Gutierrez, vicepresidente de la Comisión Antilavado ya consignada. Por cierto, la primera edición de La delgada línea blanca habia sido presentada exclusivamente en Chile el 1 de diciembre de 2000, de allí que la presentación de la segunda, seis meses después en Buenos Aires, ampliada y con otro diseño interno, constituyó el lanzamiento oficial del libro en Argentina.

Convocado previamente a prestar declaración testimonial por el juez federal Claudio Bonadio, Secretaría Pablo Bertuzzi, en el sumario titulado «Astiz, sobre delito de acción pública», y también por los titulares de la Fiscalía Federal 2, Carlos Rivolo y Claudio Navas en la causa 564 por delito de acción pública, bajo mandato del juez federal Juan José Galeano, ambas en Buenos Aires, el periodista Juan Gasparini informó en sede judicial la cuenta de Nicolas Becerra en el «Credit Suisse» de Zurich, como obra en autos los dias 23 y 24 de mayo de 2001. Esas denuncias se extendieron a hechos y circunstancias investigados periodísticamente en La delgada línea blanca relativos a Nicolás Becerra, que podrían constituir delitos en la carrera del actual Fiscal General de la Nación, tanto en la actividad privada como abogado u hombre de negocios, o en los cargos públicos que ha venido desempeñanado, a saber, en la jefatura de gabinete del otrora presidente Carlos Menem -en colaboración con Eduardo Bauzá- en la Defensoría General de la Nación y en la Procuraduría General de la República, señalando a tal efecto indicios sobre, entre otros, incumplimiento de sus deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, corrupción, trafico de influencias en favor de encubrir ilícitos económicos en el marco de su actividad política, omisión de denuncia de delitos, venta de indultos, fuga de divisas, lavado de dinero y omisión maliciosa de su cuenta en el «Credit Suisse» de Zurich identificada como «Naranja». Esto es asi porque Becerra se haya incriminado en fraguar un sobreseimiento irregular de un homicidio culposo cometido por su hijo del mismo nombre, en ser coautor de otorgar pensiones con dineros públicos a uno de sus secretarios privados (Héctor Corvalan), y a mujeres que fueron o su amante (Ana María Contardi) o la amante de su aliado y amigo el ex-gobernador mendocino Rodolfo Gabrielli (Alejandra Costilla); y en llevar a cabo manejos oscuros y tratativas espureas para entorpecer o interferir las persecuciones penales contra el banquero Raúl Moneta, contra el clan Menem por la causa de la venta ilegal de armas argentinas a Croacia y Ecuador, y en el procedimiento para enjuiciar a los autores y beneficiarios de los sobornos pagados por la multinacional estadounidense IBM a funcionarios del gobierno de Menem y/o a altos cargos del Banco Nación, todo esto de manera directa o mediante asesores, subordinados y abogados multiproposito que le responden política y judicialmente o le son funcionales, entre los que se enumeran Jorge Garguir, Carlos García, Jorge Burad, Alfredo Manuel Rodriguez, Oscar Dimas Agüero, Carlos Bettini, Maximiliano Rusconi, Oscar Cuchiarelli, Angel Fernandez y Luis Moreno Ocampo.

Es menester desarrollar una mención pormenorizada de la implicación de Nicolás Becerra en la apropiación indebida de bienes de desaparecidos en la ESMA, a tenor de la causa que instruyera el juez Claudio Bonadio como se ha puntualizado, un procedimiento actualmente a cargo del juez federal Sergio Torres. Como es sabido se trata del expolio de 20 millones de dólares en tierras de Mendoza, la provincia natal de Becerra, saqueo arebatado a personas secuestradas y asesinadas en la ESMA por el ex-almirante Eduardo Emilio Massera y otros ex-represores de la Armada (Jorge Radice, Jorge Acosta, Francis William Whamond, Juan Carlos Rolon, Jorge Perren y otros), rapiña de la que fueron complices escribanos, jueces y abogados, entre los que se destaca Nicolás Becerra, como quedara radiografiado en la segunda edición de La delgada línea blanca, revelaciones adelantadas por el diario El Litoral de Santa Fé, en su edición del 7 de marzo de 2001, y por el diario Clarín de Buenos Aires, los dias 7 de enero de 2001 y 4 de marzo de 2001.

En este tetrico contexto, resulta de interes judicial el papel de artifice protagonizado por Nicolás Becerra en la naturalización ilegal del narcoterrorista sirio residente en Marbella, España, Monzer Al Kassar, y varios individuos más de origen arabe ocurrida en Mendoza, en complicidad con dos clientes de su bufete de abogados, los ciudadanos argentinos Abdon Adur y Roberto Sastre, radicados temporalmente años atras en Madrid para alejarse de problemas con la justicia argentina, quienes contactaron a Monzer Al Kassar con Becerra durante un viaje de este a España en 1985. La asociación ilícita encabezada por Nicolás Becerra para naturalizar a Al Kassar y una banda de gangsters oriundos de paises arabes en la provincia de Mendoza, es una red que relaciona asimismo a José Luis Manzano, Julio Mera Figueroa, Amira Yoma, German Moldes, Alfredo López Cuitiño, Jorge Roberto Burad, Gerardo Walter Rodriguez, Jorge Garguir y Carlos Menem, cuyos hilos son destejidos en La delgada línea blanca. Por tanto, no debe perderse de vista que Nicolás Becerra fue nombrado Procurador General de la Nación en 1998 justamente por Carlos Menem, ostentando ademas desde diciembre del año 2000 la Presidencia de la Conferencia Interamericana de Ministerio Público, que nuclea a todos los fiscales del continente, incluyendo a España y Portugal. Tampoco debe dejarse de lado que Monzer Al Kassar dispone de una cuenta en Suiza, confiscada en 1999 por 3 millones de dólares a raiz de trafico ilegal de armas, un fallo actualmente recurrido ante el Tribunal Federal helvético.

No es superfluo añadir el fracasado intento de Nicolás Becerra para que Juan Gasparini rectificara el contenido de La delgada línea blanca. A petición de Becerra, en el marco de una mediación extrajudicial ordenada por el abogado Esteban Rafael Pereyra Zorraquín en Buenos Aires, según la Ley 24.573, quedó debidamente documentado el 5 de diciembre de 2001 que Juan Gasparini rechazó la amenaza de demanda por 300 mil dólares blandida por Becerra, negandose el periodista a modificar el contenido de su libro y de sus denuncias aqui resumidas. A todo esto, el 15 de julio de 2001, en Gijon, España, La delgada línea blanca recibió el Premio Rodolfo Walsh de literatura de no ficción, otorgado por la Semana Negra, un evento hispanoamericano de narrativa policial y periodismo de fama internacional. Doce dias después, el diario de Ginebra en lengua francesa Le Temps, destapaba por primera vez en Suiza la localización de la cuenta de Becerra en el «Credit Suisse» de Zurich, una cronica firmada por el periodista Sylvain Besson. El dato fue posteriormente recogido por las periodistas Agathe Duparc y Cathy Macherel en el semanario suizo en frances L’Hebdo del 17 de enero de 2002, un reportaje en el cual el administrador de la cuenta de Becerra, el empleado del «Credit Suisse» Hans Peter Winkler -quien entre tanto pasó a trabajar para la UBS- reconoció implicitamente la existencia de la cuenta, una información que la dirección en Suiza del banco se negó explicitamente a desmentir. Aportado el libro por este autor a los responsables jurídicos del banco para eventuales descargos, el gesto solo tuvo por replica solamente un acuse de recepción por carta fechada en Ginebra el 7 de febrero de 2002. Lo escencial de estas noticias fueron reproducidas recientemente por el diario español El Periodico de Catalunya del 19 de agosto de 2002, siendo a su vez incorporadas por el catedratico argentino residente en España, Horacio Vázquez-Rial, en su libro El enigma argentino, publicado por Ediciones B este año, concretamente en sus páginas 143 y 190.

Al tiempo, no es desdeñable subrayar las operaciones subterraneas de Nicolás Becerra para que la causa judicial por las coimas del Senado se diluyera en la nada, protegiendo con sus iniciativas a los legisladores bajo sospecha de haber cometido cohecho, como asi también a ciertos funcionarios del gobierno que presidiera Fernando De la Rúa. Estas afirmaciones fueron debidamente fundamentadas en La Prueba, editado por Javier Vergara en octubre de 2001 en Argentina, cuyos autores son Norberto Bermúdez y Juan Gasparini, una investigación periodistica donde asimismo son retratados los negocios turbios de Becerra con los personajes de este caso que provienen de su provincia natal, Mendoza, reiterando por supuesto su cuenta no declarada en Suiza en la página 89.

Otra grave denuncia contra Vila

El empresario está acusado de lavado

El empresario periodístico Daniel Eduardo Vila fue denunciado ayer en Mendoza por su antiguo hombre de confianza Bernardo Martín Ruti, que lo acusó de un posible intento de soborno y extorsión.

Ruti sostuvo que Vila le ofreció 100.000 pesos a cambio de desistir de su denuncia penal contra el grupo Vila por evasión fiscal y lavado de dinero en 400 millones de dólares.

La denuncia penal quedó radicada en juzgado federal Nº 3 de Mendoza, a cargo de Alfredo Rodríguez, y lleva el número 11.082/E.

Tal como adelantó La Nación en su edición del 8 del actual, el Grupo Uno fue denunciado por Ruti en octubre de 2000. La denuncia recayó sobre las personas de Vila, presidente del holding, y de José Luis Manzano, uno de sus directores.

El grupo inversor es dueño en Mendoza de Diario Uno, Radio Nihuil y Supercanal Holding SA, entre casi un centenar de canales de televisión abierta y por cable, emisoras radiales y otros medios de prensa gráfica en todo el país.

En la presentación, Ruti señaló que el viernes 16 de marzo fue llamado a su teléfono celular por Daniel Eduardo Vila, que le solicitó una entrevista. En el domicilio de Ruti, según relató, el empresario ofreció un supuesto soborno.

El acto fue presenciado, según Ruti, por su hijo Martín Germán Ruti y por Benjamín Groissman.

"Vila ofreció pagarme la suma de $ 100.000 a cambio de atestiguar que la denuncia por lavado de dinero y evasión fiscal que formulé en su contra, de Manzano y de Nicolás Martín Becerra fue promovida por el juez Luis Leiva, por los diputados nacionales Gustavo Gutiérrez y Elisa Carrió, y por el contador Luis Balaguer, todos ellos complotados para perjudicarlo y extorsionarlo, al igual que a su amigo Raúl Moneta", dijo Ruti en su denuncia.

Y agregó: "También (Vila) me manifestó que ya tenía arreglada la inspección de la AFIP y que de acceder a su propuesta no iniciarían juicios en mi contra por daños y perjuicios a sus empresas. Asimismo, me dijo en forma claramente amenazante que de no acceder a su propuesta sería objeto de una persecución judicial permanente, tanto civil como penal". En diálogo con La Nación , Ruti confirmó enfáticamente que su denuncia penal por evasión y lavado de dinero fue presentada en la Justicia por su propia voluntad.

Manzano y Becerra

El denunciante aseguró que Manzano, ex ministro del Interior del gobierno del ex presidente Carlos Menem, es dueño de gran parte de las acciones del grupo Vila. Y sostuvo que el ex funcionario hizo aportes por unos 340 millones de dólares para adquirir medios de prensa. Señaló que el dinero de Manzano fue "obtenido ilícitamente durante su paso por la función pública".

En cuanto a Nicolás Martín Becerra, hijo del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, señaló que figura en Supercanal Holding SA como director suplente, pero su padre lo niega.

Como prueba, Becerra (padre) exhibió una carta documento del 3 de octubre de 2000 en la que su hijo rechazó la designación como director suplente. Pero el 17 de febrero de 2000 -ocho meses antes- el Boletín Oficial publicó (página 15) que Nicolás Becerra (omite el nombre Martín) es director suplente del holding.

Esa publicación en el Boletín Oficial no hubiera podido realizarse sin la previa aceptación de todo el directorio. Pero el Boletín Oficial no sólo publicó su condición de director suplente sino que desde entonces no publicó cambio alguno en la composición de directorio de esa companía, por lo cual su renuncia no tendría valor ante terceros.

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