EL PAIS › LA ULTIMA ENTREVISTA DE PAGINAI12 A LA EDUCADORA BERTA BRASLAVSKY
Publicada en septiembre de 2002, esta entrevista a Berta Braslavsky, fallecida el miércoles, a los 95 años, conserva plena vigencia. Aquí, la prestigiosa educadora cuenta sus comienzos, los proyectos de alfabetización y el rol de la escuela.
Por Nora Veiras
–Desde que la expulsaron del profesorado en 1936 porque militaba en la Juventud Comunista, usted figuró en listas negras de los sucesivos gobiernos. ¿Cómo manejaba el tema del miedo?
–Ahora me lo pregunto que hay tantos miedos. Tomábamos el heroísmo de las novelas de la Revolución Rusa. Sabíamos que teníamos que ser fuertes, pero era muy duro. Al mismo tiempo tuve una familia, a mis hijas, tuve mucho apoyo familiar, muchos amigos del partido. En la época en la que estuvo enfermo mi marido recibí mucha solidaridad. Enviudé a los 40 años y él tenía 50. Tenía una cosa interna de soportar las dificultades y al mismo tiempo la cuestión académica de estar trabajando con algún proyecto, elaborando, produciendo, escribí muchas cosas dispersas, eso contrapesaba.
–¿Y después del ’76?
–Mi aislamiento del PC fue en el ’85. Habíamos generado un fuerte movimiento por la escuela pública. En los términos externos si algo determinó que tuviera premios fue mi actitud al frente de los problemas de la educación en general: defender la escuela pública significaba mejorarla. En el Congreso Pedagógico fui seleccionada para participar en la Comisión Asesora Nacional. Ya había una fuerte diferencia dentro del partido entre los grupos que se consideraban más revolucionarios... y con todas las actitudes que tuvo el partido en la época de la dictadura. Por ejemplo, cuando volví al país en el ’79 me encontré con un famoso diseño curricular de la dictadura que planteaba la enseñanza de las nueve letras. Me llamaron periodistas porque la Unesco había dicho que aumentaba el analfabetismo en el mundo. Y yo dije que claro, que cómo no iba a aumentar el analfabetismo si por ejemplo en nuestro país se está enseñando con métodos prehistóricos. Esto lo dije en plena dictadura. En primer grado se enseñaban sólo nueve letras, en segundo las sílabas y aprendían a leer en tercer grado con suerte. Creo que no fue deliberado, me parece imposible que se haya hecho eso en forma deliberada. Yo estaba en el exterior pero tenía cierta autoridad dentro del partido para decir y cuando aparecí con esta postura pública resulta que dentro del partido estaban enseñando y viendo cómo se debía hacer para enseñar con las nueve letras y empezaron a haber fuertes discusiones por ese problema. También había divergencias con otros que planteaban la lucha armada y cada vez menos participación y me fui alejando. En el ’85, con el Congreso Pedagógico, se sacaban declaraciones que estaban en contradicción con las resoluciones de la Comisión Asesora en la que yo estaba, entonces llegué a decir que no me responsabilizaba por las declaraciones que hacía el PC y que mi actitud era independiente. A partir de allí dejé de tener contacto. Ahora actúo como una persona independiente respondiendo a mis más profundas concepciones y los principios más originales del socialismo utópico si se quiere en un sentido de lograr llegar a la aspiración más emancipadora de los principios que partieron de la lucha contra el capitalismo. Hay que encontrar la manera de resolver esta cuestión primaria, que es dar de comer. Pero la escuela está para enseñar, los maestros están para enseñar.
–Hace tiempo usted planteó que el gran tema en el futuro sería la exclusión y cómo la escuela podría ayudar a integrar a una sociedad fragmentada. ¿Cree que la escuela puede cumplir ese papel o ya está estigmatizada una escuela pública para pobres y una privada para ricos?
–Todavía no hay ninguna otra institución que lo pueda hacer. La institución escolar es uno de los grandes organismos administradores de la vida social. Introducir a todos los individuos a su condición humana, a poder desarrollar las funciones superiores de la inteligencia no hay quién lo pueda hacer si no es a través de la escuela.
–¿Qué pasa con las decisiones políticas en torno de la educación? El país se alfabetizó a partir de un proyecto político...
–Tiene que haber políticos que comprendan el problema de la educación. Es una necesidad, tanto como lo es la alimentación. No en vano los educadores estamos tan preocupados, se nos desmorona el país, se nos desmorona todo el sistema a partir del hambre que sufre una porción numerosa de la población. Cuando uno se acerca a las escuelas y trabaja con esos chicos también encuentra que siempre hay posibilidades para que puedan aprender y beneficiarse de todos los bienes de la cultura. Nosotros estamos trabajando en los distritos más desfavorecidos de la ciudad y naturalmente nos encontramos con casos que nos angustian. El otro día una maestra contaba que había una situación de mucha violencia en la escuela y ella pidió hacer una asamblea con los chicos. Les impuso total silencio a la maestra del grado y a una recuperadora y logró generar un clima en que los chicos empezaron a hablar. Era una zona de Ramón Castillo, era primer grado y 14 de los chicos trabajaban, algunos de los cuales si no llevan lo suficiente les pegan. Lo decían como un dato de la realidad. No obstante, esos mismos chicos, que reciben comida en la escuela, aprenden y disfrutan de lo que aprenden. La escuela les brinda un momento, no de felicidad, pero sí que les permite alejarse de sus miserias. La experiencia que tenemos como positiva es que responden de la misma manera que los otros. Al principio, los datos que nos traían las maestras nos hacían creer que eran chicos diferentes, pero comenzaron a ir maestras del equipo a barrios de clase media, y encontraron las mismas reacciones. Tratamos de evitar que en los maestros esté pesando más la lástima y el estupor frente a la situación que la necesidad de ofrecerles todos los beneficios de la educación, y de tomar algunas decisiones que sean compatibles con esa realidad.
–¿Por ejemplo?
–El caso de la repetición. El proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura tiene sus pautas y uno puede ir siguiéndolo. Nosotros hemos observado en la escritura que se pueden dar cuatro grandes momentos que los encontramos cuando los chicos llegan a la escuela y que responden a las características de donde proceden. Puede haber chicos que no son capaces de escribir nada, o que hacen algún dibujo o letras sueltas. Hay otros que saben que existen letras, e incluso las escriben con linealidad. Otros que si uno se pone a descifrar, encuentra que están produciendo ya algunos significados. Y otros que lo producen, con faltas de ortografía, pero que ya son capaces de saber que las letras se usan para significar. Cuando llegan los chicos en un barrio de clase media encontramos que puede haber varios chicos en un primer grado que vienen con esa capacidad, como también pueden venir leyendo y escribiendo. Si lo seguimos al chico con un conjunto de actividades que nosotros llamamos socio-constructivas, es decir, si se lee junto con ellos, si se les da la oportunidad de escribir; si todo eso se hace se puede ver que el chico va pasando de un proceso al otro, va avanzando. Nosotros encontramos que en cada distrito hay una cantidad de chicos que están en ese proceso, llegan a fin de año empezando a producir alguna significación. Junto con eso, comienzan a hacer alguna lectura. Si vemos que llega a fin de año en ese proceso, por ejemplo en el tercer agrupamiento, ¿por qué lo vamos a hacer repetir a ese chico? Ese chico está avanzado. Si lo hago repetir, no le reconozco todo eso, y además le produzco un daño más a las desgracias que él ya tiene por su condición social. Va a sentirse inferior a los otros, da motivos para que los padres piensen que “no le da la cabeza”, le disminuye la autoestima.
–En base a su experiencia, ¿sigue siendo la heterogeneidad el ámbito en el que mejor aprenden los chicos? Algunos padres piensan que debe haber un grupo homogéneo porque si no se nivela para abajo.
–Es al revés, si se los pone en grupos homogéneos se nivela para abajo, está comprobado. Para que haya aprendizaje, debe ser socialmente constructivo. Fundamentalmente entre el maestro y el chico, pero también entre los mismos chicos. Durante mucho tiempo primó el criterio de la homogeneización, se llegó a tener el grado “A” de los mejores, otro de los que sabían menos. Había un test A, B, C que daba como resultado: los que iban a aprender en seis meses eran los mejores, los que iban a aprender en un año, y luego el grupo “C” que eran los que se sabía que no iban a aprender. Es contradictorio, ahora es al revés, prima la tendencia a la heterogeneización, a aceptar las diferencias.
–Se ve, por ejemplo que las escuelas privadas homogeneizan por el nivel socioeconómico.
–Pero eso tiene otro tipo de inconvenientes, ya lo sabemos la gente de clase media donde los chicos tienen los hábitos consumistas de las clases que más pueden. Por eso la famosa cuestión del guardapolvo blanco, la intención era que no se produjeran enfrentamientos y competencias por razones de tipo económico, que los chicos que pudieran exhibir una ropa menos importante no se sintieran menospreciados. Es efectivamente un momento muy crítico, se sabe que en los lugares de extrema pobreza la educación se hace más difícil y estamos cayendo en esa situación, pero no debe hacernos caer en el riesgo de que los maestros piensen que no se puede hacer nada. Porque se generan muchas ideas falsas. Le voy a dar este caso: se sabe que la desnutrición calórico-proteica de los chicos menores de dos años de edad puede generar daños en el desarrollo cerebral, hay comprobaciones hechas hace más de 20 años por unos mexicanos famosos y demostraron que, sobre todo, debido a la falta de leche materna, se puede provocar retardo mental orgánico. Pero esa idea cundió para hacer una generalización muy peligrosa, porque por silogismo se llegaba a sacar la conclusión de que, más o menos, toda la gente pobre era retardada mental. Es un prejuicio que refuerza ciertas valoraciones de las clases populares.
–¿Y usted por dónde empezaría en educación?
–Fundamentalmente siempre hay que tender a la base de la educación popular, la educación de las grandes mayorías, pero también creo que hay que empezar holísticamente pensando cómo se orquesta todo para que todo funcione armónicamente dirigido con un propósito.
En estos momentos cuando el escandalo judicial sobre la cuenta bancaria en Suiza no declarada por el ex-presidente Carlos Menem alcanza ribetes espectaculares en la prensa y los tribunales, vale la pena no olvidar la cuenta bancaria tampoco declarada en el «Credit Suisse» de Zurich de Nicolás Becerra, Procurador General de la Nación, abierta con el seudonimo de «Naranja», administrada por el funcionario de ese banco, Hans Peter Winkler, como figura en la página 137 de la segunda edición de La delgada línea blanca, libro periodístico publicado en Argentina por Ediciones B en junio de 2001, cuyos autores son Juan Gasparini y Rodrigo de Castro. Cabe aclarar que esta cuenta no se encontraba en la primera edición del mencionado libro, aparecida en diciembre de 2000.
Su existencia ha sido evocada abundantemente en la prensa de Argentina, Suiza y España, provocando incluso diligencias penales en la justicia federal de Buenos Aires, tramites que sin embargo quedaron truncos por la intervención del juez federal de Buenos Aires, Juan José Galeano, quien rechazó el pedido de investigar esa cuenta solicitando el levantamiento del secreto bancario a Suiza, como le pidieran los fiscales federales Carlos Rivolo y Claudio Navas, según reflejara el cable de la agencia francesa AFP, emitido desde su oficina en Buenos Aires el 21 de junio de 2001, firmado por la periodista Liliana Samuel.
Pocos dias antes la cuenta de Nicolás Becerra en el «Credit Suisse» de Zurich fue anticipada por el diario argentino Rio Negro del 21 de mayo de 2001 y por la revista 3 puntos de Buenos Aires, en la página 24 del número 204 del 24 de mayo de 2001. Para esas fechas, el periodista Juan Gasparini elevó personalmente una denuncia escrita sobre Nicolás Becerra y su cuenta en Suiza ante la Comisión Especial Investigadora de Delitos Vinculados al Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados de la Nación, en testimonios debidamente registrados por esa Comisión los días 29 de mayo de 2001 y 13 de junio de 2001. La segunda edición de La delgada línea blanca acababa de ser presentada por Juan Gasparini en Buenos Aires el 12 de junio de 2001 a las 19 horas en la libreria Cuspide del Village Recoleta, de Vicente Lopez 2050 de la Capital Federal de Argentina, ante una concurrencia de conocidas personalidades, entre ellas las del abogado Juan Carlos Iglesias y el diputado Gustavo Gutierrez, vicepresidente de la Comisión Antilavado ya consignada. Por cierto, la primera edición de La delgada línea blanca habia sido presentada exclusivamente en Chile el 1 de diciembre de 2000, de allí que la presentación de la segunda, seis meses después en Buenos Aires, ampliada y con otro diseño interno, constituyó el lanzamiento oficial del libro en Argentina.
Convocado previamente a prestar declaración testimonial por el juez federal Claudio Bonadio, Secretaría Pablo Bertuzzi, en el sumario titulado «Astiz, sobre delito de acción pública», y también por los titulares de la Fiscalía Federal 2, Carlos Rivolo y Claudio Navas en la causa 564 por delito de acción pública, bajo mandato del juez federal Juan José Galeano, ambas en Buenos Aires, el periodista Juan Gasparini informó en sede judicial la cuenta de Nicolas Becerra en el «Credit Suisse» de Zurich, como obra en autos los dias 23 y 24 de mayo de 2001. Esas denuncias se extendieron a hechos y circunstancias investigados periodísticamente en La delgada línea blanca relativos a Nicolás Becerra, que podrían constituir delitos en la carrera del actual Fiscal General de la Nación, tanto en la actividad privada como abogado u hombre de negocios, o en los cargos públicos que ha venido desempeñanado, a saber, en la jefatura de gabinete del otrora presidente Carlos Menem -en colaboración con Eduardo Bauzá- en la Defensoría General de la Nación y en la Procuraduría General de la República, señalando a tal efecto indicios sobre, entre otros, incumplimiento de sus deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, corrupción, trafico de influencias en favor de encubrir ilícitos económicos en el marco de su actividad política, omisión de denuncia de delitos, venta de indultos, fuga de divisas, lavado de dinero y omisión maliciosa de su cuenta en el «Credit Suisse» de Zurich identificada como «Naranja». Esto es asi porque Becerra se haya incriminado en fraguar un sobreseimiento irregular de un homicidio culposo cometido por su hijo del mismo nombre, en ser coautor de otorgar pensiones con dineros públicos a uno de sus secretarios privados (Héctor Corvalan), y a mujeres que fueron o su amante (Ana María Contardi) o la amante de su aliado y amigo el ex-gobernador mendocino Rodolfo Gabrielli (Alejandra Costilla); y en llevar a cabo manejos oscuros y tratativas espureas para entorpecer o interferir las persecuciones penales contra el banquero Raúl Moneta, contra el clan Menem por la causa de la venta ilegal de armas argentinas a Croacia y Ecuador, y en el procedimiento para enjuiciar a los autores y beneficiarios de los sobornos pagados por la multinacional estadounidense IBM a funcionarios del gobierno de Menem y/o a altos cargos del Banco Nación, todo esto de manera directa o mediante asesores, subordinados y abogados multiproposito que le responden política y judicialmente o le son funcionales, entre los que se enumeran Jorge Garguir, Carlos García, Jorge Burad, Alfredo Manuel Rodriguez, Oscar Dimas Agüero, Carlos Bettini, Maximiliano Rusconi, Oscar Cuchiarelli, Angel Fernandez y Luis Moreno Ocampo.
Es menester desarrollar una mención pormenorizada de la implicación de Nicolás Becerra en la apropiación indebida de bienes de desaparecidos en la ESMA, a tenor de la causa que instruyera el juez Claudio Bonadio como se ha puntualizado, un procedimiento actualmente a cargo del juez federal Sergio Torres. Como es sabido se trata del expolio de 20 millones de dólares en tierras de Mendoza, la provincia natal de Becerra, saqueo arebatado a personas secuestradas y asesinadas en la ESMA por el ex-almirante Eduardo Emilio Massera y otros ex-represores de la Armada (Jorge Radice, Jorge Acosta, Francis William Whamond, Juan Carlos Rolon, Jorge Perren y otros), rapiña de la que fueron complices escribanos, jueces y abogados, entre los que se destaca Nicolás Becerra, como quedara radiografiado en la segunda edición de La delgada línea blanca, revelaciones adelantadas por el diario El Litoral de Santa Fé, en su edición del 7 de marzo de 2001, y por el diario Clarín de Buenos Aires, los dias 7 de enero de 2001 y 4 de marzo de 2001.
En este tetrico contexto, resulta de interes judicial el papel de artifice protagonizado por Nicolás Becerra en la naturalización ilegal del narcoterrorista sirio residente en Marbella, España, Monzer Al Kassar, y varios individuos más de origen arabe ocurrida en Mendoza, en complicidad con dos clientes de su bufete de abogados, los ciudadanos argentinos Abdon Adur y Roberto Sastre, radicados temporalmente años atras en Madrid para alejarse de problemas con la justicia argentina, quienes contactaron a Monzer Al Kassar con Becerra durante un viaje de este a España en 1985. La asociación ilícita encabezada por Nicolás Becerra para naturalizar a Al Kassar y una banda de gangsters oriundos de paises arabes en la provincia de Mendoza, es una red que relaciona asimismo a José Luis Manzano, Julio Mera Figueroa, Amira Yoma, German Moldes, Alfredo López Cuitiño, Jorge Roberto Burad, Gerardo Walter Rodriguez, Jorge Garguir y Carlos Menem, cuyos hilos son destejidos en La delgada línea blanca. Por tanto, no debe perderse de vista que Nicolás Becerra fue nombrado Procurador General de la Nación en 1998 justamente por Carlos Menem, ostentando ademas desde diciembre del año 2000 la Presidencia de la Conferencia Interamericana de Ministerio Público, que nuclea a todos los fiscales del continente, incluyendo a España y Portugal. Tampoco debe dejarse de lado que Monzer Al Kassar dispone de una cuenta en Suiza, confiscada en 1999 por 3 millones de dólares a raiz de trafico ilegal de armas, un fallo actualmente recurrido ante el Tribunal Federal helvético.
No es superfluo añadir el fracasado intento de Nicolás Becerra para que Juan Gasparini rectificara el contenido de La delgada línea blanca. A petición de Becerra, en el marco de una mediación extrajudicial ordenada por el abogado Esteban Rafael Pereyra Zorraquín en Buenos Aires, según la Ley 24.573, quedó debidamente documentado el 5 de diciembre de 2001 que Juan Gasparini rechazó la amenaza de demanda por 300 mil dólares blandida por Becerra, negandose el periodista a modificar el contenido de su libro y de sus denuncias aqui resumidas. A todo esto, el 15 de julio de 2001, en Gijon, España, La delgada línea blanca recibió el Premio Rodolfo Walsh de literatura de no ficción, otorgado por la Semana Negra, un evento hispanoamericano de narrativa policial y periodismo de fama internacional. Doce dias después, el diario de Ginebra en lengua francesa Le Temps, destapaba por primera vez en Suiza la localización de la cuenta de Becerra en el «Credit Suisse» de Zurich, una cronica firmada por el periodista Sylvain Besson. El dato fue posteriormente recogido por las periodistas Agathe Duparc y Cathy Macherel en el semanario suizo en frances L’Hebdo del 17 de enero de 2002, un reportaje en el cual el administrador de la cuenta de Becerra, el empleado del «Credit Suisse» Hans Peter Winkler -quien entre tanto pasó a trabajar para la UBS- reconoció implicitamente la existencia de la cuenta, una información que la dirección en Suiza del banco se negó explicitamente a desmentir. Aportado el libro por este autor a los responsables jurídicos del banco para eventuales descargos, el gesto solo tuvo por replica solamente un acuse de recepción por carta fechada en Ginebra el 7 de febrero de 2002. Lo escencial de estas noticias fueron reproducidas recientemente por el diario español El Periodico de Catalunya del 19 de agosto de 2002, siendo a su vez incorporadas por el catedratico argentino residente en España, Horacio Vázquez-Rial, en su libro El enigma argentino, publicado por Ediciones B este año, concretamente en sus páginas 143 y 190.
Al tiempo, no es desdeñable subrayar las operaciones subterraneas de Nicolás Becerra para que la causa judicial por las coimas del Senado se diluyera en la nada, protegiendo con sus iniciativas a los legisladores bajo sospecha de haber cometido cohecho, como asi también a ciertos funcionarios del gobierno que presidiera Fernando De la Rúa. Estas afirmaciones fueron debidamente fundamentadas en La Prueba, editado por Javier Vergara en octubre de 2001 en Argentina, cuyos autores son Norberto Bermúdez y Juan Gasparini, una investigación periodistica donde asimismo son retratados los negocios turbios de Becerra con los personajes de este caso que provienen de su provincia natal, Mendoza, reiterando por supuesto su cuenta no declarada en Suiza en la página 89.
El empresario periodístico Daniel Eduardo Vila fue denunciado ayer en Mendoza por su antiguo hombre de confianza Bernardo Martín Ruti, que lo acusó de un posible intento de soborno y extorsión.
Ruti sostuvo que Vila le ofreció 100.000 pesos a cambio de desistir de su denuncia penal contra el grupo Vila por evasión fiscal y lavado de dinero en 400 millones de dólares.
La denuncia penal quedó radicada en juzgado federal Nº 3 de Mendoza, a cargo de Alfredo Rodríguez, y lleva el número 11.082/E.
Tal como adelantó La Nación en su edición del 8 del actual, el Grupo Uno fue denunciado por Ruti en octubre de 2000. La denuncia recayó sobre las personas de Vila, presidente del holding, y de José Luis Manzano, uno de sus directores.
El grupo inversor es dueño en Mendoza de Diario Uno, Radio Nihuil y Supercanal Holding SA, entre casi un centenar de canales de televisión abierta y por cable, emisoras radiales y otros medios de prensa gráfica en todo el país.
En la presentación, Ruti señaló que el viernes 16 de marzo fue llamado a su teléfono celular por Daniel Eduardo Vila, que le solicitó una entrevista. En el domicilio de Ruti, según relató, el empresario ofreció un supuesto soborno.
El acto fue presenciado, según Ruti, por su hijo Martín Germán Ruti y por Benjamín Groissman.
"Vila ofreció pagarme la suma de $ 100.000 a cambio de atestiguar que la denuncia por lavado de dinero y evasión fiscal que formulé en su contra, de Manzano y de Nicolás Martín Becerra fue promovida por el juez Luis Leiva, por los diputados nacionales Gustavo Gutiérrez y Elisa Carrió, y por el contador Luis Balaguer, todos ellos complotados para perjudicarlo y extorsionarlo, al igual que a su amigo Raúl Moneta", dijo Ruti en su denuncia.
Y agregó: "También (Vila) me manifestó que ya tenía arreglada la inspección de la AFIP y que de acceder a su propuesta no iniciarían juicios en mi contra por daños y perjuicios a sus empresas. Asimismo, me dijo en forma claramente amenazante que de no acceder a su propuesta sería objeto de una persecución judicial permanente, tanto civil como penal". En diálogo con La Nación , Ruti confirmó enfáticamente que su denuncia penal por evasión y lavado de dinero fue presentada en la Justicia por su propia voluntad.
Manzano y Becerra
El denunciante aseguró que Manzano, ex ministro del Interior del gobierno del ex presidente Carlos Menem, es dueño de gran parte de las acciones del grupo Vila. Y sostuvo que el ex funcionario hizo aportes por unos 340 millones de dólares para adquirir medios de prensa. Señaló que el dinero de Manzano fue "obtenido ilícitamente durante su paso por la función pública".
En cuanto a Nicolás Martín Becerra, hijo del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, señaló que figura en Supercanal Holding SA como director suplente, pero su padre lo niega.
Como prueba, Becerra (padre) exhibió una carta documento del 3 de octubre de 2000 en la que su hijo rechazó la designación como director suplente. Pero el 17 de febrero de 2000 -ocho meses antes- el Boletín Oficial publicó (página 15) que Nicolás Becerra (omite el nombre Martín) es director suplente del holding.
Esa publicación en el Boletín Oficial no hubiera podido realizarse sin la previa aceptación de todo el directorio. Pero el Boletín Oficial no sólo publicó su condición de director suplente sino que desde entonces no publicó cambio alguno en la composición de directorio de esa companía, por lo cual su renuncia no tendría valor ante terceros.
En horas de la mañana, autoridades y letrados de la Secretaría de Medios de la Nación, del Sistema Nacional de Medios Públicos y de Canal 7 -representados en la oportunidad por el Subsecretario de Medios de la Nación, Gustavo Mariotto, y por el Gerente de Relaciones Institucionales y Prensa de Canal 7, Luis Lázzaro- solicitaron la habilitación de la Feria Judicial para apelar la resolución del Segundo Juzgado Federal de Mendoza que obligó a la emisora estatal a suspender las emisiones de su repetidora en la capital mendocina y su zona de influencia, medida que dejó sin cobertura a un millón de televidentes.
Dicha solicitud se presentó ante el Juez de Feria de la Justicia Federal de Mendoza. En el texto de la solicitud se sostiene que “la medida tomada por la jueza Arrabal impide transmitir por la frecuencia de aire Nº 11. Tal frecuencia fue la asignada por el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) a instancias de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y así fue instalada conforme a lo ordenado en el Decreto 84/05 del Poder Ejecutivo Nacional”.
La medida cautelar dictada le impide a Canal 7 cumplir con un decreto vigente y, por otro lado, inhibe a los habitantes de la ciudad de Mendoza y de los departamentos del gran Mendoza, Maipú, Luján de Cuyo, Lavalle, San Martín, Palmira, Junín, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia -que carecen de recursos económicos para solventar la contratación de televisión por cable- el acceso gratuito por “aire” a la señal televisiva Canal 7, de carácter público.
En los considerandos de la solicitud se afirma que “el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión (ambos con raigambre constitucional) se encuentran seriamente conculcados y la posibilidad de que tal lesión sea reparada no puede ni debe admitir dilaciones”, por lo que se pidió la habilitación de la feria judicial. También en la solicitud se sostiene que “la existencia de medios públicos de comunicación, generadores de contenidos de calidad alternativos a los medios privados, hoy se erige como un derecho colectivo de la ciudadanía que debe primar sobre el derecho de índole económico de un sector, cuyo presunto daño no es más que una mera afirmación”.
En otro apartado de la solicitud se asegura que “la señora jueza no sólo omitió todo análisis de la normativa vigente en materia comunicacional, sino que ni siquiera advirtió que el Poder Ejecutivo Nacional señaló en el tercer Considerando del Decreto 84/2005 que “a efectos de determinar la procedencia técnica del requerimiento formulado, se solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Comunicaciones, quien en el ámbito de su competencia específica procedió a efectuar la correspondiente reserva de frecuencias.” Y aclara que “cuando el PEN habla del ámbito de competencia específica de la CNC, lo hace refiriéndose a las normas transcriptas supra, a las que la señora Jueza pudo acceder con el simple recurso de buscar la página web de la CNC”.
Por otra parte, y acompañando la solicitud, las autoridades de la Secretaría de Medios de la Nación y de Canal 7 presentaron ante la Justicia mendocina una nota del Comité Nacional de Radiodifusión (COMFER), en la cual se afirma que “es inevitable, en principio, no producir algún tipo de interacción entre ambos servicios (TV abierta y por cable), lo cual está claramente establecido en la norma del servicio de TV por cable (Resolución N°3228 CNC/99), que en su punto 2.10. por un lado considera la primacía del servicio de TV abierta, con protección contra las interferencias, en lo referente a la operación del sistema de cable como Sistema de Antena Comunitaria y por otro lado establece que “para los Sistemas de Circuito Cerrado Comunitario, serán los propios permisionarios los que deben adoptar las medidas pertinentes a fin de que su sistema no reciba interferencias de otros sistemas y/o servicios de telecomunicaciones y radiodifusión”.
Por otra parte, tanto el Subsecretario de Medios de la Nación, Gabriel Mariotto, como el Gerente de Relaciones Institucionales y Prensa de Canal 7, Luis Lázaro, mantuvieron a las 13:00 hs. de hoy, en el Auditorio de LV8, Radio Libertador, una reunión con la “Comisión de Vecinos por la Reapertura de Canal 7” y explicaron -en una asamblea de la que participaron organizaciones sociales, gremiales, artísticas y universitarias- los pasos dados hasta la fecha por el Sistema Nacional de Medios Públicos, con el apoyo de la Secretaría de Medios .para solucionar el conflicto
Por su parte, la Comisión de Vecinos convocó a una jornada de movilización para el próximo miércoles 30 de enero en el centro de la ciudad de Mendoza.
09-05-2008 | Nueve meses y medio después de conocerse las ofertas de las empresas, finalmente el gobierno de la provincia de Mendoza, actualmente a cargo de Celso Jaque, adjudicó 11 de las 12 áreas petroleras secundarias revertidas que había licitado el ex gobernador Julio Cobos para su exploración y eventual explotación.
En conjunto, las propuestas económicas suman US$ 290,6 millones, y del total adjudicado siete se otorgaron a Ketsal-Kilwer, una sociedad vinculada al grupo Vila-Manzano.
En las adjudicaciones, publicadas ayer en el Boletín Oficial de la provincia, se decidió concesionar Cerro Los Leones a la UTE integrada por Compañía Gral. de Combustibles (CCC)-Piedra del Águila- Desarrollos Energéticos.
YPF obtuvo Payún Oeste y, en alianza con Occidental Argentina, Los Tordillos.
El empresario kirchnerista Cristóbal López, dueño de Oil M&S, operará a su vez en Río Diamante.
En tanto, además de otorgarle la potestad exploratoria sobre Chachahuen, San Rafael y Coirón I y II, Ñacuñán, Zampal Norte y Malargüe, la Comisión evaluadora de las ofertas determinó que la sociedad Ketsal-Kilwer se quede con Pampa del Sebo, pese a una supuesta irregularidad en la titularidad anterior de la misma.
El grupo Vila-Manzano se comprometió a invertir US$ 188,7 millones por el total de las concesiones obtenidas.
Las propuestas compitieron en base a los compromisos de inversión durante el período de concesión de 3 años, pero también en mejores tasas por regalías, que llegan al 23%.
A la licitación se presentaron diecisiete compañías, entre las que había nutrida presencia de multinacionales reconocidas, como las estadounidense Chevron e Interenergy, las canadienses Petroandina y Vintage Oil, la coreana Golden Oil y también Petrobras.
Sobre las adjudicaciones actuales pesan ciertos condicionantes.
Tanto la licencia a YPF por Los Tordillos Oeste, como la de Oil sobre Diamante están sujetas a presentar un certificado de libre deuda impositiva.
Asimismo, Ketsal todavía adeuda el registro del contrato de UTE con Kilwer.
El petróleo mendocino, en manos K
Las 11 áreas secundarias de Mendoza se adjudicaron la semana pasada tras dos años y medio de abierta la licitación.
Once áreas fueron adjudicadas a empresarios cercanos al Gobierno.
Siete áreas las ganó Ketsal, la inversora en negocios energéticos de Daniel Vila, Alfredo Vila Santander y el ex ministro menemista José Luis Manzano.
Mendoza > Casi dos años y medio pasaron para que Mendoza adjudicara las 11 áreas petroleras secundarias licitadas en 2007. La semana pasada al fin se conoció en qué manos quedarán: muchas de ellas cercanas al Gobierno nacional. Siete áreas las ganó Ketsal, la inversora en negocios energéticos de Daniel Vila, Alfredo Vila Santander y el ex ministro menemista José Luis Manzano. Los empresarios son cercanos al gobierno kirchnerista. La polémica licitación estuvo viciada de sospechas, denuncias judiciales y postergaciones. El anterior gobernador mendocino y actual vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, abrió los sobres de la primera licitación el 10 de octubre de 2006, pero se desató un escándalo, y en abril de 2007 se anuló el proceso. El 15 de mayo de 2007 el Ejecutivo lanzó el segundo llamado, y el 23 de julio se abrieron los sobres con los antecedentes técnicos y propuestas económicas de las empresas interesadas. Recién la semana pasada se conocieron los ganadores. Las compañías y las Uniones Transitorias de Empresas (UTEs) beneficiadas con la adjudicación fueron sólo cuatro, que se comprometieron a invertir más de 290 millones de dólares en las 11 áreas licitadas. Ketsal (que formó una UTE con Kilwer) se quedó con el área más preciada: Chachahuén, ubicada al norte del Río Colorado, en Malargüe. La empresa ofreció U$S 126,7 millones por el área ubicada en el sur provincial. La firma presentó ofertas para las 11 áreas. Y además de Chachahuén, también ganó las licitaciones para la exploración y eventual explotación de Ñacuñán (U$S 5,3 millones), Pampa del Cebo (U$S 33,7), Zampal Oeste (U$S 5,3), San Rafael (U$S 3,6), Malargüe (U$S2,4) y El Coirón I y II (U$S 11,8). La segunda oferta más importante fue por el área del Río Diamante, que fue adjudicada por U$S 66 millones a Oil M&S, propiedad del empresario kirchnerista Cristobal López. Mientras que YPF se quedó con dos áreas (Los Tordillos Oeste, por U$S 12 millones, y Payún Oeste, por U$S 9,8), y la UTE conformada por Petrolera Piedra del Águila y Desarrollos Energéticos ganó la licitación para Cerro Los Leones (U$S 13,8 millones).
Quiénes son Ketsal permitió el desembarco del grupo Vila-Manzano en el negocio energético. Por ejemplo, a través de esta empresa y de Andes Energía PLC, el holding mendocino controla Edemsa, la mayor distribuidora de energía eléctrica en la provincia de Mendoza. La empresa tendría negocios petroleros y energéticos en Río Negro, Salta, La Pampa, Chubut (donde habría ganado tres licitaciones para exploración de hidrocarburos) y Córdoba (se quedó con la licitación de dos áreas petroleras). Los vínculos de Manzano incluso relacionaron la empresa con los magnates mundiales del petróleo. Saadi Kadafi, hijo del presidente de Libia, visitó en diciembre de 2006 Mendoza para observar algunas de las zonas que licitó el gobierno provincial. En esa recorrida lo acompañó el ex ministro menemista. Por otra parte, Ketsal intentó llegar a un acuerdo con Ancsol, subsidiaria de la estatal uruguaya Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), con la que había suscrito un convenio para comprar Carboclor, dedicada a la fabricación de solventes y componentes para combustibles. También adquirió, a través de Andes Energía Argentina, la firma Hidroeléctrica Ameghino, que tiene la concesión para operar la central homónima ubicada en Chubut, en 13,2 millones de dólares. Además pretende instalar una planta de biodiesel en un ex ingenio azucarero en Emtre Ríos, ubicado en el corazón del corredor turístico de la ciudad Victoria. El proyecto generó el rechazo de los vecinos de esa localidad. La empresa Oil M&S es propiedad del empresario kirchnerista Cristóbal López, que tiene otros negocios en Mendoza: maneja los anexos del Casino de Mendoza de Rivadavia, San Martín, Alvear, Malargüe y los tragamonedas del Casino de Mendoza. Además es dueño de Clear, la firma que opera la planta procesadora de residuos de Maipú. Con respecto a la actividad petrolera, López se adjudicó 43 bloques de exploración de gas y petroleo en Brasil, repartidas entre Minas Gerais y el Amazonas. Oil M&S factura 42 millones de dólares anuales, tiene 1.400 empleados y su centro operativo está en Comodoro Rivadavia.
Merced a una “decisión política” del gobernador de Mendoza, Celso Jaque, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Ketsal-Kilwer, propiedad la sociedad integrada por Daniel Vila y José Luis Manzano, se adjudicó siete de las doce áreas disponibles para exploración petrolera en la zona de cuyo: dos zonas más que las permitidas por la normativa que regula las licitaciones del sector de hidrocarburos.
Después de obtener las regiones de Nacuñán, Pampa del Sebo, Zampal Norte, Malargüe y Chachahuen, la sociedad Vila-Mazano también fue beneficiada con la adjudicación de las zonas de Coirón Bloque I y II y San Rafael por intermedio del decreto 1080/08 que dejó “sin efecto la limitación impuesta por el art 25.9 de los Pliegos de Condiciones” que restringe a cinco el máximo de áreas a adjudicar por persona física o jurídica aduciendo la “inexistencia de legitimados para reclamar” y la “existencia de un interés de la administración objetivo e impersonal”.
En limpio, como no habría habido otras empresas presentadas para la licitación el Gobierno consideró que es una forma de “lograr el incremento razonable de la producción de los recursos hidrocarburíferos” en la provincia adjudicarle al grupo de Manzano las dos regiones extras.
Según indició el diario cuyano Los Andes , el cambio en el pliego de la licitación se hizo sobre la marcha, sobre el propio decreto y desde el gobierno aseguraron que “es una excepción” y que tomó la decisión “para evitar el fracaso de la licitación”.
De este decreto también surgen otras curiosidades: Ketsal-Kilwer ofrece “regalías directas a los municipios” donde están los terrenos explotables equivalentes al 2% del valor del pozo. Así, las siete adjudicaciones dejarían para las administraciones locales —según los valores publicados por el gobierno de Mendoza— regalías por U$S 4 millones.
La otra, es que la sociedad también propone al Gobierno de Jaques ser parte de la UTE. Es decir, una sociedad.
A partir de ahora, Ketsal-Kilwer deberá radicar la UTE en Mendoza y esperar 180 días para que el gobierno provincial se expida sobre si la toma como socia. Las otras empresas adjudicatarias son Oil M&S, la UTE conformada CIA General de Combustibles SA, Petrolera Piedra del Aguila SA y Desarrollos Energéticos SA, Occidental Argentina YPF e YPF SA.
Jaque cambió los requisitos para adjudicar a una sola firma 7 áreas petroleras
El pliego original restringía a 5 la cantidad máxima de zonas que podía explorar una misma empresa. El Gobierno modificó las condiciones y refutó el dictamen de la comisión evaluadora. Benefició a Ketsal, la firma de Vila-Manzano.
Pablo Icardi - picardi@losandes.com.ar
No se podía, pero Jaque lo permitió. El pliego de condiciones para la licitación de las áreas petroleras revertidas prohibía que una empresa se quedara con más de 5 áreas para explorar. Pero el gobierno de Celso Jaque modificó esa condición antes de la adjudicación y permitió que la UTE Ketsal-Kilwer, perteneciente al grupo liderado por Daniel Vila y José Luis Manzano, se quedara con 7 de las 12 áreas petroleras.
El cambio en las reglas de juego se hizo sobre el propio decreto de adjudicación asegurando que la decisión es de carácter "excepcional y no viola el derecho de igualdad". En el Gobierno aseguraron que se tomó la decisión política de modificar las condiciones para evitar el fracaso de la licitación y porque, según explicaron, hay argumentos legales que respaldan la decisión.
La empresa Ketsal pretende tener una relación más estrecha con el Estado. Por eso propuso al Gobierno que se asocie a la UTE que tendrá a cargo las áreas de exploración petrolera. Jaque no les contestó aún y envió la idea a Fiscalía de Estado y a Asesoría de Gobierno para que analicen la viabilidad.
En seis meses Jaque responderá a Vila y Manzano si el Estado mendocino y Ketsal serán socios. En la propuesta hay otro dato tentador para los intendentes. Ketsal ofreció pagar una cuota extra de regalías directamente a los municipios, además de lo que debería pagar a la Provincia.
El miércoles Celso Jaque anunció qué empresas tendrán a su cargo la concesión para buscar petróleo en 11 de las 12 áreas "revertidas" en toda la provincia. Se trata de zonas con potencial petrolero, algunas de las cuales han tenido actividad, y que volvieron a manos delEstado.Si los pozos que comenzarán a explorar son viables, las mismas empresas tendrán a su cargo la explotación de ese recurso y deberán pagar a la Provincia regalías por el crudo que extraigan.
El mismo día se publicaron en el boletín oficial los decretos que adjudicaron 11 de las 12 áreas y las justificaciones del Gobierno acerca de la excepción que benefició a Ketsal. La decisión llegó luego de 2 años de espera, especulaciones y hasta irregularidades que postergaban la adjudicación.
La excepción
La UTE formada por Ketsal y Kilwer logró tener la concesión de las áreas Pampa del Sebo, Zampal Norte, Ñacuñán, Malargüe, Chachahuén, San Rafael y Coirón I y II.
El propio gobernador Jaque aseguraba que era una licitación iniciada por la gestión anterior y que, si hubiera podido, habría incluido alguna cláusula para evitar la concentración.
En realidad la cláusula existía, era la 25.9 del pliego de condiciones que expresamente prohibía que una firma se quedara con más de 5 áreas. Jaque lo modificó a través del decreto 1.080. La comisión encargada de analizar las propuestas dictaminó que la Provincia no debía entregar la concesión de las áreas de "San Rafael" y "Coirón bloque I y II" a Ketsal "en virtud de la limitación impuesta por el artículo 25.9 del Pliego de Condiciones".
Ese artículo restringe a cinco el máximo de áreas a adjudicar por persona física o jurídica, en base a la ley nacional 17.309. De igual manera Jaque decretó la adjudicación de las áreas "dejándose sin efecto la limitación impuesta en el artículo 25.19 de los pliegos de Condiciones", según dice el decreto 1.080.
En la norma, el Gobierno argumenta que tiene facultades para modificar los pliegos licitatorios antes de producir una adjudicación teniendo en cuenta el bien público en juego y siempre y cuando "no se vulnere el principio de igualdad".
Ketsal era el único oferente para las áreas petroleras de San Rafael y Coirón I yII por lo que no hay otra empresa en competencia que pueda objetar la adjudicación. Otro valor ponderado por el Ejecutivo es la necesidad de cumplir con el objetivo de aumentar la producción de petróleo y "el incentivo de empresas con radicación en la provincia de Mendoza".
Socios
En la adjudicación de las 7 áreas a la empresa de Vila-Manzano hay otras curiosidades. Además de responder a las condiciones impuestas por el Estado, Ketsal va más allá y ofrece al Gobierno de Mendoza que sea parte de su negocio, asociándose a ellos. De esa manera sería una Unión Transitoria de Empresas formada por Ketsal, Kilwer y el Estado mendocino. La propuesta coincide con la intención de Celso Jaque de crear una empresa estatal de energía (ver aparte).
La respuesta oficial a la idea de Ketsal fue "tener paciencia". ElEjecutivo se tomará 6 meses para evaluar en detalle la propuesta de asociación hecha por Vila-Manzano.En ese período, Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno deberán emitir un dictamen legal sobre el tema.Pero el ministro Francisco Pérez y el subsecretario legal y técnico, Fernando Simón, evaluarán políticamente la protesta.Entre otras cosas, aseguran, quieren saber qué aportes debería hacer la Provincia y qué riesgos corre con la sociedad propuesta.
El único condicionante que tiene Ketsal para empezar a trabajar es radicar la UTEen Mendoza.
Mario Parravicino, who lives with his family in the dusty city of La Matanza, gets up each morning praying silently that it won't rain. "When it rains it often floods and the sewage gets into everything," says the 60-year-old factory worker. "You can't use the toilet because it backs up. It's disgusting."
La Matanza is among the poorest districts in the Buenos Aires metropolitan area, a maze of tiny cinder-block homes wedged together along dirt roads. There are no sewers, so the rains flood its houses and septic tanks, which often overflow into wells. Boiling is the only form of water treatment, and not everyone can afford the gas to boil the water. Nitrate levels, caused by sewage contamination, are dangerously high and waterborne diseases common. In Argentina, agonizing intestinal bugs cause 20 percent of infant deaths.
Across town in Laferrere, the Rusman family has the same problem. Their well is only two meters from the septic tank, and the water is often suspiciously murky after a rainfall. "Whenever we can we boil it before drinking," Alejandra Rusman explained. "But we don't often have money to pay for gas." The local church provides drinking water to those who can't pay for gas, but the Rusmans don't wish to be beggars. Alejandra worries constantly about her two sons Pablo and Martin, aged 7 and 4. "This situation is dangerous because we forget and the boys drink this cloudy water and it makes them sick," she said.
In 1993, the government privatized the Buenos Aires water utility under heavy pressure from the World Bank, the IMF and the U.S. government. At the time, it said that private firms would do better at bringing water and sewage connections to poor areas like La Matanza. The sell-off of the water company was part of a wholesale auction of state assets to foreign and Argentine businesses. Privatization was viewed as a magic bullet that could help save Argentina from an economic crisis that had produced hyperinflation of almost 5,000 percent in 1989.
The government granted a 30-year concession to run the water system to Aguas Argentinas, a consortium controlled by two French corporate giants, Compagnie Générale des Eaux (now Vivendi) and Lyonnaise des Eaux (now Suez). The consortium didn't pay a cent for the concession, but promised to reduce water rates and to improve and to expand water and sewage services.
Soon thereafter, the World Bank declared the Buenos Aires privatization an overwhelming success, and made it a model for privatizations of water that followed in the Philippines, Indonesia, Australia and South Africa. But an ICIJ investigation showed that the Buenos Aires water privatization has been plagued by greed, deceit and failed promises. Its success has turned out to be mostly mirage. Furthermore, the investigation revealed that a World Bank employee went to work for Aguas Argentinas under a bank exchange program and helped negotiate higher water rates for the company. When he returned to the World Bank, he headed a team that gave Argentina a $30 million loan.
While millions of people like the Parravicinos and the Rusmans are still waiting for the benefits of water privatization, the move enriched a group of union leaders, crony capitalists and officials in the government of former President Carlos Menem. The private gains of privatization have in some cases been spectacular. Investors have raked off huge dividends and in some cases earned windfall profits from the timely sale of their shares. Some officials are being investigated on corruption charges.
As for the public benefits of privatization, water quality and distribution and expansion of the sewage system have improved under private control. Aguas Argentinas figures indicate that it had hooked up about a million new people to the water system by 2000. But many observers believe that the public utility could have equaled that achievement. And the private water company has failed to live up to other selling points.
Within a year of winning its concession, Aguas Argentinas wanted to renegotiate its contract, claiming financial problems. Over the next eight years, important initial contractual commitments, including promises to extend water and sewerage to millions living in poor districts, eventually vanished like water into sand.
Gérard Payen, senior executive vice president of Suez, told ICIJ that Buenos Aires is a "very big success" because the company is supplying water to 1.6 million people, half of whom live under the poverty line. He conceded that while some services have stopped the "reality is that we are still continuing to perform water delivery, seven days a week, and the people are very satisfied with our services."
Even as the company increased rates and charged large connection fees to customers who could ill afford them, the government gutted its regulatory oversight of the company. Indeed, the failure of public officials to meet the responsibilities that privatization demanded of them has been a constant theme of Argentina's new water regime.
ETOSS (Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios), the government agency created to regulate Aguas Argentinas, has been toothless. In 2002, prosecutors filed an indictment, which was not directed at Aguas Argentinas but which stated that there were "serious and grave deficiencies in the fulfillment" of Aguas Argentinas' concession contract. The country's auditor general in November criticized ETOSS for the "excessive delay in the application of penalties" and for delaying construction works promised in the concession contract. ETOSS has levied $16 million in fines against Aguas Argentinas for missed commitments, but the company disputes the claims and has not paid the fines. The government later canceled $10 million of the fines as part of a new contract.
For many of President Carlos Menem's allies, being invited to the sale of water assets was like getting their own keys to the candy store. Supporters found high-paid jobs as company executives and directors, while others got rich investing in the new firm. Menem's environment minister, Maria Julia Alsogaray, who awarded Aguas Argentinas numerous rate increases and contract concessions, is being prosecuted for illicit enrichment. After the privatizations of power and water utilities, she bought herself a Buenos Aires mansion and two apartments in New York.
Furthermore, the ICIJ investigation has found that Argentine authorities are investigating others for the embezzlement of $2 million in World Bank funds. Argentina's current economic crisis is having a devastating effect on its people. Government figures showed that in 2002, about 100,000 people dropped out of the middle class each week to become the new poor. A country that only 10 years earlier had Latin America's highest standard of living was now on a level with Jamaica; half of Argentina's 37 million people lived below the poverty level. The government had subsidy programs for about 2 million malnourished Argentines. But millions more got nothing. Some subsisted by scavenging through garbage.
The crisis put pressure on Aguas Argentinas, which obtained at least 75 percent of the money it invested from the World Bank and allied international financial institutions. With last year's major devaluation of the peso, this reliance on foreign capital came back to haunt not just the water company, but the government and people of Argentina as well.
In the spring of 2002, the company defaulted on about $700 million in loans and threatened to reduce water services unless the government guaranteed the loans in U.S. dollars. The government refused, instead suggesting that Aguas Argentinas could save $6.3 million a year by reducing its handsome executive salaries and perks. But when the International Monetary Fund insisted that President Eduardo Duhalde authorize a rate hike as a condition for renegotiating Argentina's foreign debt, Duhalde had no choice, in the summer of 2002, but to grant Aguas Argentinas a 10 percent increase.
The rate hikes meant nothing to the many millions of poor Argentines who long ago surrendered hopes of being hooked up to water and sewer mains. But they threatened to push many businesses over the edge, with trickle-down effects in the rest of the population. "Any increase in electricity or water rates are a great threat to us," said Ruben Manusovich, president of a national small business organization.
Privatize or perish
"Surgery without anesthesia,"was how Menem described his policies in 1989 as he set out to make Argentina one of the world's leading models for privatization. Faced with rampant inflation and reluctant international lenders, Menem won passage of the National Administrative Reform Law, which declared a state of economic emergency and gave him the power to privatize public utilities by decree.
World Bank money came flowing back to Argentina. The bank's Buenos Aires director Richard Newfarmer announced Menem's initiatives showed Argentina had complied with the conditions of World Bank loans. Pieter Bottelier, director of Latin America for the World Bank, suggested the World Bank help Argentina privatize its water.
And indeed it did. On Dec. 18, 1990, the World Bank approved a loan of $300 million. "The new adjustment projects in Argentina," World Bank Vice President Shahed Husain said, "show that the government has decided to keep deepening the economic reforms."
The World Bank's investment arm, the International Finance Corporation (IFC), opened its South American head office in Buenos Aires. At the official opening, IFC Vice President Wilfred Kaffenberger declared it to be "a suitable moment for investing in Argentina." World Bank President Lewis Preston visited the country in June 1992. In the luxurious dining room of the Argentine Jockey Club, over plates of smoked salmon and duck à l'orange, Preston declared that Argentina's "process of adjustment" was "an example for all Latin America."
Among the crowd of functionaries and capitalists, none applauded louder than Santiago Soldati, a businessman and close Menem ally who would end up as the lead Argentine partner in the privatization of water.
The World Bank's privatization package included a $100 million loan for the provision of potable water and sewage services. The Argentine delegation that negotiated the loan included Minister of Economy Erman Gonzalez and Secretary of Water Affairs Mario Caserta.
A decade later, Gonzalez had been indicted for trafficking arms to Ecuador and Croatia, and Caserta had been imprisoned for 2 1-2 years for laundering drug money. Gonzalez has pleaded not guilty and is still before the courts. Soldati, meanwhile, had sold his interest in the water company, making a tidy $100 million in the process.
Turning thirst into profit
One of the great ironies of the Buenos Aires water privatization was that the public utility, the National Sanitation Services (Obras Sanitarias de la Nacion, OSN), had been a well-run company. It was not overburdened with debt and in fact had a surplus the year before privatization.
The OSN supplied drinking water to and hauled sewage from all of the city's 3 million inhabitants. But, as in most Latin American cities, the metropolitan area had expanded faster than the waterworks could keep up. Of the additional 9 million people living in the suburbs and shantytowns around Buenos Aires by 1993, only 50 percent were connected to water services, and 65 percent did not have sewer connections.
Capital was needed in large amounts to bring water and sewer connections to the Mario Parravicinos and Alejandra Rusmans of the vast poor neighborhoods around Buenos Aires. But the World Bank refused capital for expansion and upgrades unless Argentina privatized the water system. "The state does not have resources to undertake billions of dollars of investments in order to avoid a collapse" of the water and sewer network, said OSN's supervisor, Eduardo Cevallo, in 1991. OSN, he added, would be "a model for privatization."
Privatization was opposed, initially, by the labor movement. In 1990, Roberto Pereyra, the firebrand leader of the waterworks union, said he would "fight to the last drop of blood" to keep water public. He disdainfully referred to privatization advocates as "wizards who are rooted like tumors in the government and who take over state enterprises as booty of war."
But Pereyra's fire was quenched by the so-called Programa de Propiedad Participada (PPP), which offered unions a 10-percent stake in the new company. The PPP "was intended to buy the consent of former OSN workers for the concession," an article prepared for the Inter-American Development Bank, stated baldly in 1998.
In fact, about half the waterworks' 7,200 employees lost their jobs as a result of privatization. The PPP was aimed more at the union leaders than the rank and file. But on that score at least, it seems to have worked.
Twelve years after his "last drop of blood" threat, Pereyra was helping to administer his union's stake in Aguas Argentinas, and sat on the company's board. Sporting an expensive suit and silk necktie during an interview with ICIJ in his luxurious Buenos Aires office, Pereyra was not apologetic about his change of heart. "We agreed to rent our house, not to sell it, because the state did not have the necessary capital to invest in OSN to maintain and to expand the service," he said.
The government announced that the concession winner would be the bidder who promised the greatest reduction in water rates — with the proviso that it not increase rates for 10 years and make commitments for greater investments in public works.
Buenos Aires was the biggest prize ever to be offered the world's major private utility companies. To land the Buenos Aires deal, Suez and Vivendi joined forces in 1992 with Menem supporter Soldati to create Aguas Argentinas.
Suez had the dominant share, with 25.3 percent, and Sociedad General de Aguas de Barcelona, a company partially owned by Suez, had another 12.6 percent. Vivendi had 8 percent while Anglian Water, a British company, held 4.5 percent. The remainder went to Argentine companies, including a 20.7 percent share to Soldati's company, Sociedad Comercial del Plata. The Bank of Galicia got 8.1 percent and Grupo Meller, a textile company run by Sergio Meller, a Menem supporter, got 10.8 percent. Soldati paid $50 million for his stake.
There were other bidders, including Aguas de Buenos Aires, a joint venture headed by Thames Water International Services, which later became a subsidiary of RWE; Canal de Isabel, a local Argentine venture; and Union Transitoria de Empresas, led by North West Water of the U.K. But from the start, the Soldati-French consortium seemed to have the upper hand, thanks in part to forceful lobbying by the conservative French government, which was strongly tied into France's big water companies.
Suez' chief executive, Jérôme Monod, was a leading fundraiser for President Jacques Chirac's party, the Rassemblement pour la République (RPR). A French court in 1994 ruled that a Suez subsidiary had paid millions in bribes to a RPR federal minister in return for the privatization of Grenoble's waterworks. Monod in 2001 left Suez and joined Chirac directly as an adviser working from the Elysée Palace.
A succession of French dignitaries, including France's Minister of Commerce, Bruno Durieux, visited Buenos Aires in the early 1990s to lobby for the Suez/Vivendi bid. Durieux promised France would increase investments in Argentina based on "how many privatizations we win."
"The Embassy of France was hyperactive throughout the concession process," Daniel Chain of Aguas de Buenos Aires recalled. "Every week it invited political leaders to lunches attended by French ministers. However, the Embassy of Great Britain, which supposedly was supporting the bid of the British company, Thames, had a low profile. It was an unequal fight."
"Everybody lobbied," said Carlos Ben, who at the time was a member of the OSN privatization commission and who later became the assistant director-general of Aguas Argentinas. "No one had privileges. ... It was a very transparent bidding process."
The bids were opened on Dec. 9, 1992, at the Postal Palace of Buenos Aires. As Cevallo declared Aguas Argentinas the winner, shouts of euphoria burst from the French group. They had won by a whisker — offering a rate reduction of 26.9 percent, compared to the 26.1 percent promised by Aguas de Buenos Aires.
The concession, covering an area of 9.3 million people (about 2.7 million in the suburbs were left out), was assigned to Aguas Argentinas on April 28, 1993. Over the next 30 years, Cevallo said, Aguas Argentinas had commited itself to invest $4.1 billion and "to connect more than 4,200,000 inhabitants to a normal water supply and almost 4,800,000 to the sewage system."
Private gain, public pain
As soon as Aguas Argentinas took control, the company made good its contractual commitment and dropped water rates 26.9 percent. However, the reduction could be construed as contrived. In 1991, having targeted the waterworks for privatization, the government drove up water rates by 25 percent in February and then another 29 percent in April. The following year, it added an 18 percent sales tax and raised the rates another 8 percent. In effect, the company had partially rolled back huge rate increases imposed just before privatization. (Philippines government officials adopted the same Argentine tactic when in 1997 they privatized Manila's waterworks. Philippine officials claimed it helped garner popular support for the privatization.)
The ink had barely dried on the contracts when many of Aguas Argentinas' important commitments turned to dust. Within a year, the company had asked the government's newly established water authority ETOSS for a rate increase. The company claimed it had invested $300 million and lost $23 million and couldn't continue under such conditions.
ETOSS, which was financed with 2.65 percent of Aguas Argentinas' billings, granted an increase of 13.5 percent in exchange for advancing the dates of the investments agreed upon in the original contract, including the installation of water pipes and sewers in various shantytowns. "What was said in 1993, that there was not going to be an increase in rates for 10 years, was not meant in absolute terms," Aguas Argentinas' Ben told ICIJ. "It was to indicate to the bidders that they should not put a speculative number [on rate reductions]. There was not a presumption of a freezing of rates."
Menahem Libhaber, the chief water and sanitation engineer for the World Bank in Latin America, said false promises are simply part of the game when it comes to such huge public contracts. "You get into the business with low rates or high commitments — all the while telling yourself, 'When we are in we will renegotiate,'" Libhaber told ICIJ. "The public sector has to be aware," he said, that companies are disingenuously putting their best foot forward. "Sometimes it's a game to get into the business. ... And they [the companies] have leverage once they are in."
With their "model" privatization in trouble, the World Bank and its International Finance Corporation (IFC) issued loans to Aguas Argentinas worth $911 million between 1993 and 1997 for three sewage and water projects. Also, for $7 million, the IFC purchased 5 percent of Aguas Argentinas' shares. The World Bank was now not only a lender but also a partner in Aguas Argentinas.
After Menem won re-election in May 1995, he was impatient to make an official visit to France. But France had denied him an invitation, among other reasons because his government had refused to extradite Navy captain Alfredo Astiz, sought by a Paris judge for the murder of three French nuns during the military dictatorship of 1976 to 1983.
Political problems were eventually brushed aside. In February 1996 President Chirac welcomed Menem at the Elysée Palace. In the highlight of his visit, the University of Paris awarded him an honorary degree in a ceremony at the Sorbonne. Later, Menem and his Minister of Economy, Domingo Cavallo, met with Suez president Monod, who indicated he wanted to renegotiate the entire water contract in return for speeding up the water and sewer connections, high-placed sources in the Argentine department of External Affairs told ICIJ.
Back home, meanwhile, Buenos Aires residents were beginning to grumble about higher water rates. In April 1996, a protest movement began in the suburban town of Lomas de Zamora and soon spread through the Buenos Aires area. Thousands of new water clients blocked roads into the capital to protest the $800 charged by Aguas Argentinas to connect to the water and sewage systems.
A congressional commission concluded that Aguas Argentinas had "committed serious and grave breaches of contract." The commission ordered the company to suspend the charging of connection fees for 80,000 new users in the Buenos Aires metropolitan area. The commission also concluded that Aguas Argentinas was failing to meet its goals of renovating water and sewage networks and was failing to inform ETOSS of what it was doing.
In November 1996, ETOSS and Aguas Argentinas agreed to reduce the connection rate to $200 while creating a new fee called Universal Service to be paid by old clients. "It was a cross-subsidy for the new clients who were poor," explained ETOSS director Cevallo. The protests petered out. But the real winner was Aguas Argentinas. It had succeeded in imposing fees not described in its contract.
Meanwhile, Menem was taking steps that would undercut ETOSS' authority and place more power in the hands of a political ally. On Feb. 14, 1997, he signed Decree 149 granting Maria Julia Alsogaray, the secretary of environment, authority over the fulfillment of the contract and authorizing her to renegotiate the contract with Aguas Argentinas.
Alsogaray was one of the most flamboyant, controversial figures in Menem's government, filling the tabloids with juicy stories about her divorce and love affairs, and at one point posing for a magazine at a ski resort clad only in a fur coat. Alsogaray would eventually become a symbol of the greed and corruption that accompanied Menem's neo-liberal economic policies.
Menem was elected in 1989 by allying himself with Alsogaray's father, conservative politician Alvaro Alsogaray. As repayment, Maria Julia was put in charge of privatizing the state telephone company, Entel, and the state steel company, Somisa.
She took over the environment ministry in 1991 and made 13 trips to Paris while in that position. During French President Chirac's visit to Argentina in March 1997, according to Argentine foreign ministry sources, he discussed the water privatization contract with Argentine officials. A short time later, Alsogaray agreed to review it.
The decision worried Cevallo, then director of ETOSS. "I went to the bicameral commission of the Congress and I told the deputies and senators that they were opening a Pandora's box," he told ICIJ. He said Aguas Argentinas had built only about a third of the new pumping stations and underground mains it had promised to complete by 1997. It had invested only $9.4 million of a promised $48.9 million in sewage networks.
The company was delaying construction of the crucial Berazategui wastewater treatment plant. As a result, most of the city's sewage was being dumped directly into rivers and cesspools, creating serious health hazards and increasing the levels of nitrates in the waters. High nitrate levels reduce blood oxygen in infants and can be fatal. By failing to build the plant, Aguas Argentinas was saving itself about $100,000 a day in costs — which added $35 million a year in profits — according to an estimate from a 1996 World Bank report. Ben of Aguas Argentinas said the treatment plant was delayed because it required "further investigation."
As negotiations for a revised contract heated up, a senior World Bank water manager joined the staff of Aguas Argentinas. Under the World Bank's Staff Exchange Program, Ventura Bengoechea went to work for Aguas Argentinas in 1997 and continued until a new contract was signed in 2000. His job was negotiating rate increases or, as the Bank says, "preparation of proposals for modifications to existing tariff regime and for their negotiation with the regulatory entity." The World Bank continued to pay his salary. After returning to the bank, Bengoechea became senior water and sanitation specialist for Latin America and was team leader on a $30 million loan made to Argentina in 1999. A spokesperson for the World Bank said that such arrangements were fully consistent with Bank rules.
According to the World Bank's project appraisal document, the Buenos Aires concession, among others in Argentina, was "under significant stress, unless actions are taken to correct the problems." It added that a "major re-negotiation of contract was needed for the Buenos Aires concession." A World Bank subsidiary had bought into Aguas Argentinas, and now a World Bank employee had become the private company's main rate negotiator. The international financial community was fully invested in the company's success — though by then it wasn't entirely clear that success meant the same thing to Aguas Argentinas and the nation it was supposed to serve.
The French cash in
Santiago Soldati heads a powerful Argentine business clan with interests in oil and gas wells and exploration, gaming, entertainment and real estate. The family's businesses expanded greatly during the 1990s by gaining equity in privatized government utilities for pennies to the dollar. One of Soldati's biggest money-makers was Aguas Argentinas.
In July 1998, Suez offered Soldati $90 million for his 20.7 percent stake in the company. He had bought it five years earlier for $50 million. But Soldati turned down the chance at a $40 million gain.
At the time Aguas Argentinas was in negotiations for large rate increases. In May 1998, the company asked ETOSS for a rate increase of 11.7 percent. When ETOSS authorized only 1.61 percent, Aguas Argentinas appealed to Alsogaray who in turn persuaded Menem to authorize a 5.1 percent increase, which eventually became a 17 percent increase. A judge froze part of the rate hike, but the government successfully appealed and the hike went through.
The new rates represented an even happier windfall for Soldati. On Oct. 9, 1998, the Soldati group sold out to Suez for $150 million dollars. "I do not know if it was ethical or not," Cevallo said of the rate increase. "What I know is that in the long run Soldati and Suez benefited." Horacio Caló, a spokesman of Soldati Group, confirmed the sale but refused further comment.
Seven days after Soldati's sale to Suez, Soldati and Menem flew off to France where another honor awaited the Argentine president — to speak to the Academy of the French Language. Only once before, with Emperor Pedro II of Brazil in 1872, had a South American visitor been invited to speak to the Academy. Unfortunately, Menem speaks no French. He addressed the august assembly in Spanish.
Once back in Argentina, Menem began renegotiating the Aguas Argentinas contract. Critics claimed Aguas Argentinas had failed to invest even half the $1.3 billion it had promised. The company said its investment plans were on hold pending renegotiation of the contract. Critics charged that Menem had allowed Aguas Argentinas to hold the country ransom.
The company claimed it had increased water connections to 82.4 percent of the population, from 70 percent and thus met its water promises in the first five years of the contract. But at least 30 percent of the increase included the addition to the concession in 1995 of the city of Quilmes, most of whose residents were already connected.
The company claimed it connected 61 percent of its customers to the sewage collection system. This fell just short of its commitment of 64 percent. The amount of actual sewage that is treated remained at about 5 percent, according to a study by Municipal Services Project of Queens University in Canada. Aguas Argentinas still dumps most of the untreated sewage from Buenos Aires into the Rio de la Plata.
On June 20, 1999, Jean Louis Chaussade, the general manager of Aguas Argentinas, promised a new billion-dollar, five-year investment plan, in exchange for another rate increase. He also made lawyer Juan Carlos Cassagne, a Menem ally and former adviser, president of Aguas Argentinas.
The Menem government chose to disregard the company's shortcomings, rushing to sign a new contract on Nov. 29, 1999, just 11 days before the inauguration of a new Argentine president, Fernando de la Rúa.
The new contract basically gave Aguas Argentinas what it wanted. It reduced its investment commitments by allowing it to delay construction of the water treatment plant and a fourth sewer main. It eliminated obligatory investments tied to rate increases and erased $10 million in fines imposed by ETOSS for alleged contract violations. And it pegged rate increases to fluctuations in the U.S. inflation rate, calculated in pesos. ETOSS's Cevallo told the ICIJ the new contracts "changed the financial equation for Aguas Argentinas." The company's "profit problems were solved."
Not that its profits had ever exactly shrunken away. Aguas Argentinas' own figures indicate it made considerable profits from 1993 to 2001, although the exact amount is in dispute. Cevallo says that Aguas Argentinas earned between 15 percent and 25 percent each year, and other economists cited by the Inter-American Development Bank put the profit rate as high as 40 percent. In March 1996, the company announced it earned $54 million in just the previous year. However, Ben, the company official, put the profit rate at 4 percent during those years — a total of $427 million of which $109 million was paid out in dividends. The higher profit rate calculations are based on the company's net assets, Ben said, "but we are not owners of the assets."
Whatever the profit rate, government officials involved with water company privatization did not escape the charges of corruption that dogged Menem after he left power in 2000. Federal Judge Juan Jose Galeano accused Alsogaray of illicit enrichment, noting that her declared assets were worth $300,000 in 1989 and $2.5 million when she left government. Galeano charged that Alsogaray's legal income of $3,000 a month could not justify those assets, which included a Buenos Aires mansion, two apartments on New York's Central Park, and a lifestyle to go with them.
Prosecutors are also investigating allegations that Alsogaray illegally transferred land to France Telecom, one of the concessionaires of the state telephone company Entel; paid illegal consulting fees to lawyers and an auditing company concerning Entel; and overpaid by $10 million a debt owed by Entel to an Argentine company. As of December 2002, these and seven other cases involving Alsogaray were still before the courts.
Alsogaray has denied all charges and claims she is a "victim of the justice system." Menem and his private secretary, Ramon Hernandez, were also under investigation regarding money in Swiss bank accounts and money laundering. Neither Menem nor Alsogaray would agree to interviews for this story. Menem is running for re-election in 2003.
Where are the waterworks?
On Jan. 9, 2001, a little more than a year after signing the new contract, the new Argentine government agreed to allow Aguas Argentinas to hike water rates 9.1 percent across the board. In exchange, the company promised to speed up its $1.1 billion spending plans. The government hoped the construction projects would help revitalize the Argentine economy, which had been in recession for more than a year.
Then the bottom fell out of the Argentine economy. Bank accounts were frozen, and the Argentine peso was devalued, sparking renewed inflation. Ten years earlier, the massive amounts of capital the World Bank ploughed into Argentina were seen as the foundation of a new, rock-solid economy run by private enterprise. By the end of 2001, the debt had become even more burdensome. Aguas Argentinas owed $687 million, including $124 million to the IFC, $297 million to the Inter-American Development Bank, and $78 million to the European Investment Bank.
Facing an imminent peso devaluation, Aguas Argentinas' president Cassagne threatened in February 2002 to suspend certain water services and all of the company's construction plans unless the Argentine central bank guaranteed the company an exchange rate of one dollar per peso to pay its external debt of nearly $700 million. When the government refused the guarantee, Aguas Argentinas demanded another rate increase, estimated at 42 percent, to compensate for cost increases.
When the government again rejected the company's demands, it threatened to take its claim to the International Center for the Settlement of Investment Disputes, which is part of the World Bank. The World Bank, through its affiliate IFC, owns 5 percent of Aguas Argentinas. The government of Argentina moved to forbid Aguas Argentinas from lodging the claim; France countered by defending it. Asked if the bank would be in conflict of interest if the case proceeded, Jamal Saghir, the World Bank's water director, said: "I cannot make a judgment. I don't make a comment on that."
In the spring of 2002, Aguas Argentinas defaulted on its loans.
As far as the World Bank sees it, the Buenos Aires privatization is still "very successful," according to Ventura Bengoechea, the senior World Bank water and sanitation expert. Bengoechea acknowledged in late 2002 that the company no longer was making serious investments in new water lines. "Obviously, everything is perfectible. But the balance is pretty positive."
Suez couldn't agree more. "It is absolutely a success," Gérard Payen, senior executive vice president, told ICIJ. He said the company has delivered running water to about 700,000 poor people in Argentina. "There are big difficulties, as you know,'' Payen added. "The reality is that we are still continuing to perform water delivery, seven days a week, and the people are very satisfied with our services."
Tell that to Parravicino and his neighbors, and millions like them, who still do not have sewage or city drinking water. "You just learn to live with not having it so it hardly represents a problem any more," Parravicino said. "What's more serious is the fact we have no sewers and paved streets."
"I think that something can be done," he added, "but I still don't know who is responsible for it, the government or Aguas Argentinas."
La clave de la asombrosa asociación entre Daniel Hadad y Fernando Sokolowicz puede rastrearse en el tercer hombre de negocios dudosos que desde esta semana figurará junto a ellos como accionista de Azul TV, Benjamín Vijnovsky, a) Beto. Durante años, Vijnovsky fue gestor de negocios del Grupo Meller, rostro visible del menemismo en las privatizaciones de agua y gas. El año pasado, Vijnovsky gestionó la autorización municipal para la construcción de un hotel de lujo en el llamado Palacio Duhau, de la avenida Alvear, cuya escritura de propiedad está a nombre de Héctor Colella, el heredero de Alfredo Yabrán. La venta del canal 9 ha vuelto a dividir aguas entre los compañeros de la fórmula presidencial de 1989, Carlos Menem y Eduardo Duhalde.
El Grupo Meller creció durante los años de la dictadura militar, con negocios de ferrocarriles, impedimenta y chatarra. Una de sus empresas, Tapizmel, alfombró sin cargo miles de metros cuadrados de pisos de amantes de generales, como gentileza que luego sería retribuida mediante contrataciones con el Estado. Los negocios se cerraban en la confitería The Horse, cerca del Campo de Polo y la Escuela de Inteligencia del Ejército. Luego de un parcial eclipse durante el gobierno radical, los Meller y Vijnovsky reaparecieron triunfales con el menemismo, donde sus introductores y asociados fueron Eduardo Bauzá, Humberto Toledo y José Luis Manzano. Como los viejos oligarcas colombianos que se convirtieron en profesores de modales de los narcos en ascenso, Sergio Meller asesoró a Manzano en su tránsito de modesto médico de provincia, conocido por el apodo familiar de Cototo, hacia la sofisticación prêt-à-porter de las fortunas instantáneas, que no pueden equivocarse al elegir la ropa de esquiar. La empresa de un primo ganó la licitación para proveer de camisas a la Policía Federal, que por decenas de miles de piezas pagaba un precio unitario más alto que el de venta al público en Giesso. Con la promesa de Manzano de pago adelantado, Meller se atrevía a ofrecer hasta chalecos antibala. Esos negocios terminaron cuando Gustavo Beliz sucedió a Manzano en el ministerio del Interior. Durante la privatización de ENTel, María Julia Alsogaray contrató con otra empresa del grupo, Páginas Doradas, la edición de las guías telefónicas. La antigua Sindicatura General de Empresas Públicas observó el contrato, pero luego revisó su dictamen. Gustavo Meller visitó al síndico Mario Truffat y le preguntó cuánto le debía. “Nada, lo hice para que la gente no se quede sin guías”, respondió Truffat. “No te puedo creer. El Gordo me sacó 250.000 dólares”, le dijo. El ministro de Obras Públicas Roberto Dromi sólo había rubricado el dictamen de Truffat, a quien Sergio Meller le alfombró el departamento.
Todo un estilo
El Grupo Meller apareció asociado a la Sociedad Comercial del Plata, de la familia Soldati, y a capitales franceses en las privatizaciones de gas y agua, con un 20 por ciento de las acciones. Esa era la parte del menemismo en el negocio. En el caso de Obras Sanitarias, en 1993, la licitación estableció que quien cotizara la menor tarifa para los usuarios recibiría gratis todos los bienes de la empresa del Estado y su enorme mercado cautivo. Las tarifas ofrecidas en la licitación no podrían aumentar durante los primeros diez años de la concesión. En cambio, estaba prevista su reducción, durante las revisiones quinquenales ordinarias. Sin embargo, Alsogaray autorizó aumentos de hasta el 50 por ciento, cargos especiales para extender servicios y la dolarización de las tarifas, con las consecuencias que hoy pueden apreciarse: Aguas Argentinas exige un seguro de cambio para todas sus deudas y anunció que recurrirá a tribunales internacionales. Otro de los intermediarios fue el montonero arrepentido Rodolfo Galimberti, quien antes de poner su propia empresa con Jorge Born, fue socio oculto de Hadad. Cuando Menem y los suyos cumplieron el compromiso de destrozar el contrato inicial de Aguas Argentinas, los franceses y Soldati les permitieron convertir en plata su parte del paquete accionario.
En 1995, el operador económico de Lorenzo Miguel, Julio Raele, compró a través de una sociedad uruguaya el Palacio Duhau, de Alvear 1671, al lado de la Nunciatura. Según el diario La Nación, también participó del negocio Esteban Caselli, quien por entonces era operador de Menem y Yabrán. Sergio Meller tenía una opción de compra por 100.000 dólares, que fue desechada. Comenzó una complicada negociación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que negó una excepción solicitada al Código de Planeamiento Urbano. El proyecto consistía en levantar allí un hotel de cinco estrellas y un paseo de compras. A mediados de 2000 la propiedad fue adquirida por el Grupo Exxel, que ya se había hecho cargo de las empresas de Yabrán. Entonces la autorización fue concedida, pero para construir una superficie inferior. Funcionarios de la Ciudad que participaron en las negociaciones con Vijnovsky afirman que la escritura no estaba a nombre del Grupo Exxel, cuyos estatutos no le permiten la adquisición de inmuebles, sino del delfín de Yabrán, Héctor Colella, y del ex citibanker Juan Navarro. Una vez excluido Caselli del negocio, la Nunciatura hizo saber que se oponía a la edificación, por razones de seguridad, e invocó una Convención Internacional sobre las relaciones diplomáticas. Dos meses antes de la renuncia de Fernando de la Rúa el Procurador General del Tesoro Ernesto Marcer dictaminó que la Convención no era obstáculo para que se levantara el hotel, cuyas obras comenzaron de inmediato. Pero en 2002, la sorda lucha entre menemistas y duhaldistas produjo un fulminante contragolpe. Por presión de Caselli (recuérdese que durante el juicio por el contrabando de armas rompió con Menem y fue uno de los testigos que contribuyeron a su detención) el nuevo Procurador del Tesoro, Rubén Citara, revocó el dictamen de Marcer y prohibió la construcción. Citara es cuñado de Duhalde. El próximo capítulo de la saga puede librarse en el COMFER: los compradores de Azul TV fueron el único oferente dispuesto a cerrar trato antes de contar con la autorización oficial. Llamativa confianza que preanuncia nuevos realineamientos y/o batallas.
Fortalecida por la conclusión del juicio político, la mayoría automática de la Corte Suprema ha vuelto a las andadas. El mismo día en que Duhalde reunió al congreso justicialista para aislar a Menem, el cardumen judicial dispuso que el Estado debe pagar casi 30 millones de pesos, más varios años de intereses, al Grupo Meller, uno de los principales testaferros del menemismo.
Intervinieron en el caso tres primeras espadas de la causa: María Julia Alsogaray, Barra y Cassagne.
Julio Nazareno. Carlos Menem.
Rodolfo Barra. María Julia Alsogaray.
Por Horacio Verbitsky
El senador Eduardo Duhalde reunió a dos de cada tres delegados de su partido en un Congreso que enmendó todas las decisiones adoptadas por Carlos Menem como presidente del PJ. El mismo día y sin que tuviera la menor trascendencia pública la mayoría automática en la Corte Suprema de Justicia puso en manos del menemismo a través de uno de sus principales testaferros, una suma nominal de 30 millones de dólares, a la cual habrá que sumar años de intereses acumulados. El ex socio de Menem en el estudio familiar, Julio Nazareno; su amigo personal, Adolfo Vázquez; el cuñado de su ex jefe del servicio de espionaje, Eduardo Moliné; el protegido de su ex ministro Carlos Corach, Guillermo López; y el internacionalista del Opus Dei, Antonio Boggiano, ordenaron que el Estado Nacional pagara la suma que el Grupo Meller le reclamaba por la publicidad en las guías telefónicas de dos años previos a la privatización, a los que había renunciado en forma explícita. La liquidadora de ENTel, María Julia Alsogaray había accedido a la pretensión de los Meller, pero la Sindicatura General y la Procuración del Tesoro de la Nación habían afirmado que no correspondía. Esos fondos frescos para la campaña fueron provistos por los amigos de la Corte en el momento más oportuno. En cuanto a recursos, Menem es así un precandidato insuperable y sólo tiene que preocuparse por el 70 por ciento de los consultados que en cualquier encuesta dicen que nunca lo votarían.
La alfombra mágica
Fundado en 1923 por Moises Meller, el Grupo fue continuado por sus dos hijos, Jaime y Máximo, y sus nueve nietos. Su primera actividad fue el comercio de estopa, pero luego se expandió hacia la producción textil de fieltros y mantas en su planta de Valentín Alsina. Los negocios también incluyeron otros rubros, a medida que los contactos políticos lo hacían posible. El Grupo creció durante los años de la dictadura, con negocios de ferrocarriles, impedimenta militar y chatarra. Una de sus empresas, Tapizmel, alfombró sin cargo miles de metros cuadrados de pisos de amantes de generales, como gentileza que luego sería retribuida mediante contrataciones con el Estado. Los negocios se cerraban en la confitería The Horse, cerca del Campo de Polo y la Escuela de Inteligencia del Ejército. Luego de un parcial eclipse durante el gobierno radical, los Meller reaparecieron triunfales con el menemismo, donde sus introductores y asociados fueron Eduardo Bauzá, Humberto Toledo y José Luis Manzano. Las agendas personales de Manzano durante su paso por el ministerio del Interior, que un ex secretario entregó a una comisión investigadora del Congreso y cuyo material está siendo objeto de minucioso estudio, muestra a Sergio Meller como uno de los contactos más asiduos del ambicioso ex jetón de Guardia de Hierro. Su tránsito a hombre de paja de fortunas malhabidas y gestor político en las sombras sigue provocando asombro. Manzano es, entre otras cosas, el promotor de la flamante candidatura presidencial del oscuro senador Ramón Puerta, un poderoso empresario yerbatero. Su ilusión es conseguir el apoyo del Senador Duhalde, quien hasta ahora no ha encontrado un candidato con el cual enfrentar a Menem y que todavía no se decide a borrar con el codo sus promesas de que con la presidencia interina que desempeña terminará su carrera en cargos electivos. Un íntimo de Manzano, Juan Carlos Mazzón piensa las jugadas políticas que el secretario general de la presidencia, José Pampuro, le ofrece a Duhalde.
Modales
Hijo de Jaime Meller, Sergio llegaría a convertirse en el profesor de modales de Manzano. Los viejos oligarcas colombianos vendían a los narcos en ascenso sus suntuosas residencias con todo lo que tuvieran adentro en el momento de la operación, ropa y vajilla incluidos, y luego los asesoraban acerca del comportamiento social adecuado. Del mismo modo, Sergio Meller guió el tránsito del modesto médico de provincia, conocido por el apodo familiar de Cototo, hacia el barniz de sofisticación prêt-à-porter de las fortunas instantáneas, que no pueden equivocarse al elegir la ropa de esquiar. Sergio era el modelo de play boy que Manzano quería copiar. Cuando las ramas familiares se separaron, el 20 de diciembre de 1989, Máximo Meller y sus hijos Eduardo y Marcelo, se quedaron con La Emilia San Luis y Sergio Meller se puso al frente del resto. La familia atribuye la separación a que eran demasiados socios en una sola empresa. Lo cierto es que el divorcio ocurrió justo cuando comenzaba el desguace del Estado y las dos ramas disentían respecto de las oportunidades que se les abrían. “Nosotros sólo nos dedicamos al negocio textil. No tenemos nada que ver ni con las privatizaciones, ni con Manzano. Es más, yo nunca en mi vida lo vi a Manzano y tampoco a Santiago Soldati. Nosotros no hacemos lobby”, dijeron Eduardo y Marcelo Meller en una entrevista con este diario. Ellos no, pero Sergio sí, en favor de sus primos.
Un amigo
Con tales recursos, La Emilia ganó la licitación para proveer decenas de miles de camisas a la Policía Federal. El precio por cada camisa que se comprometieron a pagar los azules era más alto que si las hubiera comprado cada agente al por menor en Giesso o James Smart. La escandalosa contratación fue denunciada por este diario a fines de 1992. Cuando Gustavo Beliz, sucedió a Manzano en el ministerio del Interior, la Policía la anuló y convocó a una nueva licitación. El entonces director de finanzas de la Federal recuerda que otra vez La Emilia había ganado una licitación para proveer uniformes y el primo Sergio solicitó el pago por adelantado, invocando una promesa de Manzano. En medio de la conversación sonó el celular de Meller, quien atendió y le pasó el pesado aparato a su interlocutor.
–Trátelo como un amigo a Sergio, comisario –dijo Aldo Montesano Rebón, un colaborador de Manzano en Interior que ya había ascendido a Procurador General de la Nación.
El comisario mayor Pablo Baltasar García no cedió a la presión:
–Ganaste la licitación, cumplila –le dijo. García manejaba un auto de diez años de antigüedad y vivía en un departamento de tres ambientes. Meller no tenía cómo seducirlo.
–Es mejor que no te muestres tanto en la revista Gente porque es una invitación a un nuevo secuestro –le dijo. El jefe y subjefe de entonces, Jorge Luis Pássero y Juan Beltrán Varela recibieron los llamados de Manzano y Montesano Rebón. Según Meller, García lo había amenazado con secuestrarlo. El sumario abierto por la Policía terminó con la licitación anulada. En otra, siempre recomendado por Manzano, Meller ofreció chalecos antibala, que no constituyen una especialidad textil. Manzano salió del gobierno y García fue designado jefe de policía.
Agua que has de beber
Cuando Eduardo y Marcelo Meller nombran a Santiago Soldati no es por casualidad. Una de las mayores sorpresas de todo el proceso de privatizaciones del menemismo fue la asociación del Grupo Meller con la Sociedad Comercial del Plata, de la familia Soldati, y con capitales franceses en las licitaciones de los servicios de gas y agua, con una parte sustancial del paquete accionario. Esa era la parte del menemismo, negociada con los Soldati por Eduardo Bauzá. En sus comunicaciones oficiales el Grupo describe así su estrategia: “Participar en aquellos negocios con mercado cautivo”. Siempre con Soldati, formó parte de AguasArgentinas, Transcogas Inversora, Discogas Inversora, Aguas del Illimani de Bolivia, Aguas Provinciales de Santa Fe y Aguas Cordobesas. Su presencia en los consorcios era la garantía para los socios mayoritarios, de que el gobierno ablandaría todas las regulaciones necesarias para hacer el negocio más atractivo que en los pliegos licitatorios. Una vez obtenidos los cambios, comprarían la parte del socio oculto, que recibiría lo suyo.
En 1993, la licitación de Obras Sanitarias estableció que quien cotizara la menor tarifa para los usuarios recibiría gratis todos los bienes de la empresa del Estado y su enorme mercado cautivo. Las tarifas ofrecidas en la licitación no podrían aumentar durante los primeros diez años de la concesión. En cambio, estaba prevista su reducción, durante las revisiones quinquenales ordinarias, de modo que las ganancias del adjudicatario debían provenir de un incremento en la eficiencia que redujera sus costos. Desde el Poder Ejecutivo la supervisión de esa concesión estaba a cargo de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, donde Menem designó a una de sus primeras espadas, la ingeniera María Alsogaray de Erize. Consecuencia: las obras principales que justificaron la concesión no se realizaron, los servicios no se extendieron a la población prevista, las tarifas que debían permanecer inalteradas por una década aumentaron un 50 por ciento. En 1997, Alsogaray removió los últimos obstáculos para nuevos aumentos de tarifas que, además, fueron dolarizadas. Era la condición de los verdaderos dueños. En 1998, el Grupo Meller vendió su parte. Menem y los suyos habían cumplido el compromiso de destrozar el contrato inicial de Aguas Argentinas, los franceses y Soldati les permitieron volver líquidas sus tenencias accionarias.
Las guías
Antes del agua, la ingeniera Alsogaray se había encargado de la liquidación de ENTel. En ese proceso contrató con otra empresa del Grupo Meller, Páginas Doradas, la edición de las guías telefónicas. La antigua Sindicatura General de Empresas Públicas observó el contrato, pero luego revisó su dictamen y favoreció la impresión de las guías por Páginas Doradas. Gustavo Meller, hermano de Sergio, visitó al síndico de entonces, Mario Truffat.
–¿Cuánto te debo? –le preguntó.
–Nada, lo hice para que la gente no se quede sin guías –respondió Truffat.
–No te puedo creer. El Gordo me sacó 250.000 dólares –le dijo Meller.
El ministro de Obras Públicas Roberto Dromi sólo había rubricado el dictamen de Truffat, a quien Sergio Meller le alfombró el departamento.
Todo un estilo
Ese contrato es el origen del juicio que la Corte Suprema falló hace doce días. El brevísimo fallo del cardumen menemista se limita a rechazar el recurso de queja presentado por la ENTel residual contra la decisión del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, que ya había ordenado el pago. El voto común de Nazareno, Vázquez, López, Moliné y Boggiano no permite sospechar de qué se trata ni cuál es la magnitud económica en juego. En un voto propio, Nazareno y Boggiano dan los primeros indicios. En noviembre de 1996, Meller había reclamado el pago de 28,9 millones de pesos, que Alsogaray consintió sin discutir, como es usual entre esa clase de compañeros. Pero en febrero de 1998, la Procuración del Tesoro opinó que se trataba de un acto irregular que debía ser revocado, ya que Meller sólo podía aspirar al pago de la publicidad en la guía de 1990. En forma expresa había renunciado a cualquier reclamo por los años 1988 y 1989. Para destrabar el pago, Alsogaray dispuso solicitar un dictamen a otro destacado miembro de la hermandad, el ex ministro del Poder Ejecutivo y de la Corte Suprema, Rodolfo Barra. Por supuesto, Barra se pronunció en favor de Meller que, a su vez, recurrió al Tribunal Arbitral de Obras Públicas. Meller acompañó un dictamen de otro prohombre del menemismo y no por casualidad su socio como presidente de Aguas Argentinas, Juan Carlos Cassagne. Junto con Barra y Dromi Cassagne había elaborado el marco jurídico de las privatizaciones. Tres meses antes de las elecciones de 1999, el Tribunal Arbitral, integrado por dos representantes del Estado y uno de las empresas constructoras, laudó en favor de Meller.
Azar e inseguridad
Para la Corte, el Tribunal Arbitral es un régimen optativo y la elección del procedimiento administrativo importa la renuncia del recurso a la justicia. Las partes pueden renunciar a un derecho y nada impide incluso que lo sometan al azar, “que puede ser de un juego, apuesta o un echar suertes”. Como si ellos nada tuvieran que ver con lo que enuncian, Nazareno y Boggiano agregan en un párrafo notable que “no es dable afirmar con arrogancia que un proceso judicial pueda hacer más equidad que aquellos métodos, pues la crisis actual de la seguridad jurídica conduce a las partes a elegir alternativas de solución de controversias prescindentes de la jurisdicción estatal”. Es decir, condenan al Estado a aceptar un fallo arbitrario del Tribunal Arbitral en vista de la inseguridad jurídica que ellos mismos han instaurado. La disidencia de Carlos Fayt y Enrique Petracchi refuta esta pretensión asombrosa y describe con mayor claridad lo sucedido. ENTel había concedido a Meller la exclusividad de publicación de las guías telefónicas de Buenos Aires y alrededores, por un precio fijo más un porcentaje de la publicidad que se vendiera. En 1994, Meller presentó una liquidación por 43,6 millones, que la Entel residual redujo a 29 millones y ordenó pagarlos en Bonos de Consolidación de deudas. Pero la SIGEN cuestionó el mecanismo de ajuste aplicado y remitió el expediente al Ministerio de Economía, donde la dirección de asuntos jurídicos descubrió que no quedaba nada por pagar. En 1995, Entel había pagado 2,9 millones por la publicidad de 1990 pero en el mismo acto administrativo Meller había renunciado a cualquier reclamo por las guías de los dos años previos. Meller no estuvo de acuerdo y el expediente fue a la Procuración del Tesoro, que consideró “nula de nulidad absoluta” la resolución de Alsogaray que había admitido el reclamo de los compañeros Meller.
Dura de matar
La ingeniera no se rindió. En vez de revocar su decisión impugnada, como correspondía, sólo suspendió sus efectos y la sometió a la consideración de “reconocidos juristas”, como si su interés fuera pagar lo que le reclamaban y no defender el patrimonio público. Con el dictamen de Barra en su favor, Meller recurrió al Tribunal Arbitral de Obras Públicas que sin analizar el fondo de la cuestión opinó que una vez pronunciado Barra, la resolución de Alsogaray recobraba “fuerza ejecutoria”, pese a la opinión en contrario de Economía y de la Procuración del Tesoro. Entel en liquidación recurrió entonces a la Corte Suprema, cuya mayoría rechazó su pretensión con el argumento ya visto de que una vez elegido el arbitraje no es posible recurrir a la justicia. En cambio, Fayt y Petracchi señalaron que si “la opción por la jurisdicción arbitral sólo puede ser ejercida por la contratista”, sólo para ella debería valer la “consiguiente renuncia a interponer recursos judiciales”. El régimen establecido “es voluntario para el contratista” pero “no lo es para el Estado Nacional, quien se ve compelido al arbitraje por su contraparte. En tales condiciones se trataría de un verdadero arbitraje obligatorio o forzoso, toda vez que una de las partes no puede eludirlo”. Según la doctrina nacional e internacional un arbitraje forzoso es “unajurisdicción de excepción”, cuyas decisiones “no pueden ser inmunes a la revisión judicial”. Por el contrario, tales fallos gozan de la autoridad de cosa juzgada “sólo hasta cierto punto y dentro de ciertos límites”, si los procedimientos se cumplen en forma regular y los jueces respetan los principios del debido proceso. El derecho a la revisión judicial “constituye un imperativo del orden constitucional del que en definitiva depende la supervivencia misma del estado de derecho”. Fayt y Petracchi respaldan su opinión en numerosos fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos y concluyen que el recurso extraordinario es admisible ya que la decisión del Tribunal Arbitral es una sentencia definitiva. Al entrar al fondo de la cuestión señalaron que los árbitros faltaron a su deber como jueces de la controversia porque omitieron pronunciarse sobre el punto central sometido a su jurisdicción, que era determinar si la decisión de pago de la ingeniera Alsogaray “constituía un acto regular y legítimo”, único caso en el que debía ser cumplida. “De lo contrario debía ser declarada lesiva del interés público y dejada sin efecto”. En consecuencia votaron por devolver las actuaciones al Tribunal Arbitral para que dicte un nuevo fallo, con algunas recomendaciones muy precisas, como calcular los pagos parciales que ya había recibido Meller y explicar cómo un saldo de 1,6 millón a valores de 1989 y 1990 pudo transformarse en 57 millones de 1996, según informó un perito contable. A una conclusión similar pero con sus propios concisos fundamentos llegó Augusto Belluscio. La Corte tiene competencia cada vez que se configure “una lesión constitucional fundada”. Esto es lo que ocurrió cuando el Tribunal Arbitral omitió pronunciarse sobre “la procedencia sustancial del reclamo de Meller” y la regularidad o no de la resolución de Alsogaray, que ordenó cumplir “sobre la base de afirmaciones dogmáticas y formales”. En tales condiciones, la decisión de los árbitros “no constituye una derivación razonada del derecho vigente”. Fortalecidos por el frustrante desenlace del juicio político que los confirmó en sus cargos y despreocupados por las promesas de reforma constitucional para volver sobre ellos, como se ve los miembros de la mesnada menemista han vuelto a las andadas, en forma clamorosa.
• Contador Público Nacional (Universidad de Buenos Aires)
• Licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador)
• Doctor en Ciencias Políticas.(Universidad de Belgrano)
• Profesor de Teoría y Técnica de la Decisión Política – Cátedra Dr. Mario Justo Lopez ( Universidad de Belgrano)
• Consultor de ONG’s en la temática de Gerencia Social.
• Consultor en materia de Formulación, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas.
• Fundador y Presidente de IPPAL (Instituto de Políticas Públicas para América Latina)
• Fundador, Presidente y Rector de la Universidad de Congreso ( Mendoza, 1994/1998)
• Director Fundador de la Fundación Posgrado de Congreso ( 1989/ hasta hoy)
• Miembro de numerosas sociedades: American Society for Training and Developement; Asociación Argentina de Ciencias Políticas; American Political Science Association; Internacional Public Policy Association, etc.
• Ha participado en numerosos Congresos y Seminarios nacionales e internacionales en materia de Políticas Públicas
Por Nora Veiras
2,03' | por: 
09-05-2008 | Nueve meses y medio después de conocerse las ofertas de las empresas, finalmente el gobierno de la provincia de Mendoza, actualmente a cargo de Celso Jaque, adjudicó 11 de las 12 áreas petroleras secundarias revertidas que había licitado el ex gobernador Julio Cobos para su exploración y eventual explotación.
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